El Colegio de Profesoras y Profesores presentó un reclamo ante Contraloría que obligó al servicio a restituir a una profesora titular desvinculada sin fundamento legal suficiente.
El Colegio de Profesoras y Profesores, Regional Metropolitano, obtuvo un importante pronunciamiento de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en favor de Alejandra Cecilia Villarroel Muñoz, docente titular de la Escuela Comodoro Arturo Merino Benítez, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas. La profesora había sido desvinculada en febrero de 2026 mediante la supresión de sus 40 horas, causal contemplada en el artículo 72, letra j) de la Ley N° 19.070, y el organismo gremial recurrió a Contraloría para impugnar la legalidad de esa decisión.
Tras analizar los antecedentes, Contraloría concluyó que el acto administrativo que puso fin al contrato de la docente carecía de la debida fundamentación. El SLEP invocó la reducción global de horas que impuso la Ley de Presupuestos 2026 —que disminuyó la dotación del servicio de 65.351 a 60.549 horas— y señaló cambios curriculares y de matrícula en el establecimiento como justificación. Sin embargo, la entidad fiscalizadora determinó que ninguno de esos argumentos fue acreditado de manera específica para la escuela ni para la docente afectada, incumpliendo así las exigencias del artículo 73 del Estatuto Docente, que obliga a fundamentar cada desvinculación con razones técnico-pedagógicas concretas.
Como resultado, Contraloría ordenó al SLEP Barrancas regularizar la situación de Villarroel Muñoz, pagando las remuneraciones adeudadas por el tiempo que estuvo separada de sus funciones, y restituir la indemnización en caso de que esta ya hubiera sido pagada. El servicio tuvo un plazo de 10 días hábiles para informar el cumplimiento de estas instrucciones a la entidad de control.
Frente a esta resolución, el SLEP Barrancas presentó una solicitud de reconsideración ante Contraloría, cuyo resultado aún se encuentra pendiente. El caso releva un debate que afecta a docentes de múltiples servicios locales del país: la presión presupuestaria no puede sustituir el análisis caso a caso que exige la ley para desvincular a un profesor titular, y los colegios gremiales tienen un rol clave en la defensa de esos derechos.
