Editorial de Katherine Rozas Segovia, Presidenta Regional Metropolitano Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, para el Boletín Profe Metropolitano de diciembre
Chile se prepara para iniciar los próximos cuatro años bajo el liderazgo de una nueva o un nuevo Presidente de la República. Las y los ciudadanos deberán decidir entre dos modelos de país que también representan dos visiones muy distintas de lo que debe ser la educación: la candidatura de Jeannette Jara y la de José Antonio Kast. Estas propuestas, lejos de ser matices superficiales, configuran dos sentidos estratégicos para el futuro de nuestras comunidades escolares, para la estructura del sistema educativo, para la estabilidad laboral del profesorado y para el derecho a la educación de millones de niñas, niños y jóvenes. Como Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, nuestra responsabilidad institucional es examinar este momento con claridad, sin caer en alarmismos pero evitando la ingenuidad. La educación pública se juega mucho más que un ajuste curricular o administrativo: se juega su sentido, su rumbo y su capacidad para seguir siendo pilar fundamental de la democracia.
Las propuestas de ambos candidatos en esta materia permiten constatar diferencias profundas en su visión del sistema educativo, su comprensión de la convivencia escolar, su relación con la Nueva Educación Pública, su orientación sobre la Carrera Docente, su enfoque curricular y su mirada sobre inclusión y equidad.
En el caso de Jeannette Jara, encontramos una propuesta que reconoce los avances y los problemas reales del sistema: brechas de calidad, inequidad, sobrecarga administrativa, infraestructura deficitaria, dificultades en convivencia escolar y un currículum desactualizado. Desde ese diagnóstico propone fortalecer y modernizar el sistema público, consolidando la educación como un derecho social y profundizando el rol del Estado en su garantía. En cambio, José Antonio Kast parte desde una crítica severa a las reformas de los últimos años —especialmente la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública— afirmando que estas reformas “le quitaron los patines” a los estudiantes y proponiendo recuperar libertades para las familias, reducir el rol del Estado y fortalecer la educación particular.
Estas visiones no son simplemente diferencias administrativas: representan dos proyectos de país. Uno en que la educación pública se concibe como un bien común que requiere inversión, continuidad institucional y una visión pedagógica amplia; y otro en el que la educación es comprendida desde la lógica del mercado, la competencia entre establecimientos y la priorización de la libertad de elección por encima de criterios de equidad y justicia educativa.
Algo similar ocurre en convivencia escolar. Jeannette Jara propone un enfoque integral centrado en la salud mental, rutas seguras, apoyo psicosocial y equipos especializados, entendiendo que la violencia escolar requiere intervenciones sistémicas y sostenidas. Por su parte, José Antonio Kast enfatiza el orden, la disciplina y el mérito, planteando sanciones estrictas y fortaleciendo facultades directivas.
Si bien es evidente que la convivencia escolar necesita intervención, el tipo de intervención define su impacto: una política centrada en la salud mental y el tejido comunitario aborda causas; una política centrada en sanciones aborda consecuencias. El profesorado, que enfrenta diariamente situaciones de estrés, sobrecarga y deterioro de la convivencia, sabe que sin acompañamiento emocional, equipos suficientes y redes territoriales sólidas, ninguna medida punitiva será suficiente.
Respecto de la Nueva Educación Pública, las diferencias se vuelven aún más determinantes. Jara se compromete a fortalecerla, aumentar el financiamiento a los SLEP, mejorar su infraestructura y corregir fallas del proceso de traspaso. Kast, en cambio, propone revisar e incluso revertir aspectos de la desmunicipalización, lo que implica una eventual vuelta a un sistema municipal fragmentado, desigual y profundamente condicionado por la capacidad económica de cada territorio. Esto no es un asunto meramente estructural: implica la posibilidad real de retroceder en derechos laborales, en estabilidad contractual y en estándares profesionales alcanzados en las últimas décadas.
En materia de Carrera Docente, el contraste también es nítido. La propuesta de Jara apunta a fortalecerla: reducir la carga administrativa, crear una Carrera Directiva, ampliar la formación continua y fomentar espacios colaborativos en las escuelas. Kast propone revisarla profundamente por considerar que tiene “rigideces”, promoviendo mayor flexibilidad de contratación, más evaluaciones y una fuerte orientación a la meritocracia. Sabemos por experiencia que la llamada “flexibilidad” suele traducirse en menor estabilidad laboral, mayores presiones y un énfasis excesivo en indicadores estandarizados que no siempre reflejan la realidad pedagógica. El profesorado, que ha luchado durante años por profesionalizar y dignificar su labor, debe poner atención a estas señales.
También se evidencia una diferencia sustantiva en el currículum. Mientras Jara propone una actualización hacia habilidades del siglo XXI —educación sexual integral, ciudadanía digital, crisis climática, educación financiera, entre otras— Kast plantea un enfoque más tradicional, con refuerzo en lectura, matemáticas y disciplina, y con una reducción explícita de contenidos que denomina “ideológicos”. Este desacuerdo revela una tensión entre dos miradas curriculares: una que entiende que el mundo ha cambiado vertiginosamente y que la escuela debe acompañar ese cambio; y otra que busca volver a un currículum centrado en mínimos comunes y evaluaciones estandarizadas. El currículum es una herramienta política y cultural: define qué se enseña, qué se prioriza y qué país se imagina.
En inclusión, nuevamente se advierten diferencias esenciales. Jara plantea expandir la educación parvularia, fortalecer el PIIE, crear Centros de Apoyo a la Inclusión y establecer estándares para estudiantes con TEA en educación superior. Kast propone revisar la Ley de Inclusión y flexibilizar criterios de admisión, reforzando la libertad de elección por sobre políticas estructurales de equidad. En un sistema tan segregado como el chileno, estas decisiones no son menores: definen quién entra a qué escuela, quién se queda atrás y quién tiene oportunidades reales. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar hacia una educación que disminuya desigualdades en lugar de reproducirlas.
Frente a este panorama, ¿qué desafíos enfrentará el profesorado durante los próximos cuatro años? La respuesta depende, en gran medida, de quién resulte electo. Si gobierna Jeannette Jara, el desafío será acompañar, exigir y participar activamente en las mejoras comprometidas: consolidar la Nueva Educación Pública, empujar la modernización curricular, fortalecer equipos de salud mental, asegurar recursos dignos para escuelas y SLEP, e instalar la Carrera Directiva de manera justa y dialogada. Será un trabajo de construcción, vigilancia y participación activa. Si gobierna José Antonio Kast, los desafíos serán de resistencia y resguardo: defender la educación pública frente a intentos de retorno municipal, impedir retrocesos en inclusión y derechos, proteger la Carrera Docente, resistir la flexibilización laboral, cuestionar el aumento de evaluaciones estandarizadas y sostener la educación pública en un escenario de menor prioridad estatal.
No se trata de preferir un proyecto sobre otro por afinidad política. Se trata de reconocer que el profesorado será directamente impactado por las decisiones del próximo gobierno. La educación pública es la columna vertebral del país y el profesorado su tejido vivo. Cada transformación —o retroceso— en el sistema se experimenta en la sala de clases, en la presión administrativa, en la estabilidad laboral, en el apoyo psicosocial, en el clima escolar, en los recursos disponibles y en la relación pedagógica con las y los estudiantes.
Como presidenta del Regional Metropolitano, afirmo con convicción que este Colegio seguirá defendiendo la educación pública, la dignidad docente y el derecho a la educación. Seguiremos siendo un actor vigilante, crítico, propositivo y profundamente comprometido con la democracia y la justicia social. La historia nos ha demostrado que la educación pública no se sostiene sola: se sostiene gracias al trabajo incansable de miles de profesoras y profesores que, con vocación y profesionalismo, sostienen el derecho a aprender en condiciones muchas veces adversas.
Los próximos cuatro años serán decisivos para determinar si consolidamos los avances hacia un sistema más justo, equitativo y moderno, o si nos enfrentamos a retrocesos que pueden profundizar desigualdades. La tarea del profesorado será esencial: construir cuando haya posibilidad de construir y defender cuando exista riesgo de retroceder. Nuestro compromiso no depende del gobierno de turno, porque es un compromiso con Chile, con su infancia y con su futuro.
