El Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile expresó su profunda preocupación y rechazo frente al modo en que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) está definiendo el presupuesto 2026 para el sistema educativo público, especialmente en lo referido a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Según el comunicado, el proyecto de ley de Presupuestos impone a los SLEP ajustes de personal basados únicamente en glosas financieras, sin considerar criterios técnicos que permitan determinar las dotaciones necesarias para el funcionamiento educativo real de cada territorio. Esta situación, advierte el Regional, ignora las complejidades que enfrenta la educación pública: altos niveles de vulnerabilidad, inclusión educativa, presencia de población migrante, necesidades de contención socioemocional y trabajo compensatorio que no existe en el sistema privado.
El comunicado alerta además sobre tres consecuencias críticas:
- Posibles despidos masivos de personal clave sin un estudio dotacional serio.
- Sanciones a directores ejecutivos por no ajustarse a límites de dotación definidos con criterios tecnocráticos.
- Falta de reconocimiento de las mayores exigencias socioeducativas que enfrentan las comunidades atendidas por los SLEP.
El Regional Metropolitano sostiene que la definición de dotación educativa no puede quedar en manos del Ministerio de Hacienda ni de la DIPRES, pues estas instituciones no cuentan con las competencias técnicas ni pedagógicas para orientar decisiones de tal magnitud. En su lugar, exige que el presupuesto se construya desde criterios de justicia educativa, inclusión, participación y pertinencia territorial, con diálogo real con las comunidades escolares y el profesorado.
Asimismo, llama a elaborar un estudio dotacional transparente y participativo —en el marco de la Ley 21.040— que determine las necesidades reales de cada SLEP y sirva como base para un financiamiento adecuado. También rechaza cualquier intento de despidos o sanciones sin análisis justo ni diálogo con las bases.
Finalmente, el Regional enfatiza que una educación pública de calidad exige condiciones laborales dignas, participación efectiva del profesorado y un Estado que respalde su labor, y advierte que no aceptará que el presupuesto se utilice como “un instrumento de restricción y castigo”.
