El organismo rechazó la reconsideración solicitada por el servicio local y confirmó que la desvinculación de la docente Alejandra Villarroel, fundada en la supresión de horas, careció de la justificación exigida por la Ley N° 19.070. El caso fue llevado adelante por el equipo jurídico del Colegio de Profesores Regional Metropolitano, que acompañó a la docente durante todo el proceso.
La Contraloría de Santiago rechazó este 9 de julio la solicitud de reconsideración presentada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas, ratificando así su dictamen anterior que había declarado ilegal el término de la relación laboral de la profesora Alejandra Cecilia Villarroel Muñoz.
El caso
Villarroel se desempeñaba como docente titular en la Escuela Comodoro Arturo Merino Benítez, de Pudahuel, con 40 horas de dotación. En febrero de este año, el SLEP Barrancas puso fin a su vínculo laboral invocando la causal de supresión de horas contemplada en el artículo 72, letra j), del Estatuto Docente, argumentando la necesidad de reducir horas de aula conforme a la Ley de Presupuestos 2026 y una baja en la matrícula del establecimiento.
Fue en ese momento cuando el equipo jurídico del Colegio de Profesores Regional Metropolitano tomó la causa e inició el proceso legal ante Contraloría, acompañando a la docente en cada etapa del reclamo. Ese trabajo derivó en un primer pronunciamiento favorable en abril, mediante el oficio N° OF84079, en el que Contraloría acogió el reclamo y determinó que el despido no se ajustaba a derecho. El SLEP pidió entonces reconsiderar esa decisión, solicitud que fue descartada en el oficio dado a conocer esta semana, confirmando en definitiva la posición sostenida por el gremio.
Los argumentos del servicio, uno por uno
El SLEP intentó dos líneas de defensa. La primera, de forma: sostuvo que el reclamo de la profesora había sido extemporáneo, presentado fuera de plazo. Contraloría desestimó este punto, precisando que el artículo 75 de la Ley N° 19.070 otorga 60 días —y no 10, como argumentaba el servicio— para que un docente recurra ante el ente contralor cuando estima ilegal su desvinculación.
La segunda línea apuntaba al fondo: el servicio afirmó que la medida se ajustaba al Plan Anual 2026 y a la obligación presupuestaria de reducir cerca de 5.000 horas docentes a nivel de la dotación, sumado a una caída de matrícula en el establecimiento.
Contraloría fue categórica en desestimar también este argumento. Constató que si bien hubo una disminución de 12 alumnos entre 2025 y 2026, la cifra actual (363 estudiantes) es idéntica a la registrada en 2020, por lo que las variaciones del período no resultan significativas. Además, subrayó que la ley de presupuestos no deroga las reglas específicas del Estatuto Docente para aplicar la causal de supresión de horas.
El punto central: falta de fundamentación
El dictamen recuerda que el artículo 73 de la Ley N° 19.070 exige un orden de prelación estricto al aplicar reducciones de dotación: primero deben afectarse los docentes que no estén en tramos profesionales avanzados, luego quienes tengan salud incompatible, y solo después ofrecerse renuncias voluntarias a quienes comparten asignatura o nivel.
Contraloría remarcó que Villarroel se encontraba en tramo avanzado y con calidad de titular, lo que exigía una fundamentación reforzada por parte de la autoridad para proceder en su contra. Esa justificación, concluyó el organismo, simplemente no existió en la resolución exenta N° 153 que dispuso su desvinculación.
Qué ordena Contraloría
Con este pronunciamiento, queda firme la instrucción original: el SLEP Barrancas debe regularizar la situación de la profesora, pagándole las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo separada de sus funciones. Además, si la docente recibió la indemnización prevista en el artículo 73 del Estatuto Docente, deberá restituirla, informando de ello a Contraloría dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Un triunfo del trabajo gremial
El resultado confirma la relevancia de la asesoría jurídica gremial para las y los docentes que enfrentan procesos de desvinculación irregulares. El acompañamiento del Colegio de Profesores Regional Metropolitano en este caso permitió no solo revertir una decisión administrativa mal fundada, sino también sentar un precedente sobre los límites que tienen los Servicios Locales de Educación al aplicar reducciones de dotación motivadas por la Ley de Presupuestos, las cuales no pueden pasar por alto las prelaciones y garantías que establece el Estatuto Docente.
