La Ley N°21.801 entró en vigor en 2026 con el respaldo transversal del Congreso. Pero en las salas de clases, quienes deben implementarla son los profesores: sin presupuesto adicional, sin capacitación y sin una guía clara. Una medida necesaria que llega cargada de interrogantes para el mundo docente.
El 2 de diciembre de 2025, el Congreso Nacional aprobó sin votos en contra la Ley N°21.801, que modifica la Ley General de Educación N°20.370 y prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales de todo el país. Publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2026, la normativa comenzó a regir desde el inicio del año escolar y obliga a los colegios a actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026.
El contexto que motivó la ley no es menor. Según la última evaluación PISA difundida en diciembre de 2023, más del 50% de los estudiantes chilenos declaró distraerse con dispositivos digitales durante las clases, superando el promedio de los países de la OCDE. A esto se suma el aumento del ciberacoso, las adicciones digitales y el uso de casas de apuestas en línea entre menores de edad. El celular en el aula dejó de ser solo una distracción para convertirse en un problema de salud mental.
Lo que la ley dice… y lo que no dice
Desde que se aprobó la ley, circulan varios mitos que vale la pena aclarar. Primero: la prohibición no es total ni aplica durante toda la jornada. En enseñanza media, los establecimientos pueden habilitar espacios y horarios específicos para el uso del dispositivo. Segundo: la ley no es solo para los alumnos. Aplica a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y apoderados por igual. Tercero: en situaciones de emergencia o fuerza mayor, el uso de dispositivos sí está autorizado. Y cuarto: los directores pueden habilitar el celular con fines pedagógicos cuando lo estimen necesario.
Pero el mito más peligroso es creer que esta ley resuelve el problema por sí sola. El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que el éxito de la medida dependerá en gran parte del compromiso de las familias y de los establecimientos. Una ley sola no cambia la cultura digital. Eso requiere mucho más.
Lo que el mundo ya sabe y Chile aún no garantiza
Chile no es el primer país en tomar esta decisión. Francia lleva siete años perfeccionando su prohibición con datos reales, ampliándola en 2025 tras evaluar sus resultados. Suecia la incorporó como parte del mayor paquete de inversión educativa en tres décadas, con reforma curricular y formación docente incluida. Países Bajos reportó que un 75% de los colegios mejoró la concentración de sus estudiantes tras la medida. Y Noruega comprobó algo especialmente relevante: los más beneficiados fueron los niños de entornos socioeconómicos vulnerables, quienes mejoraron sus calificaciones y redujeron síntomas de malestar psicológico.
La lección es clara: ningún país que lo hizo bien, lo hizo solo con una ley. Todos acompañaron la medida con presupuesto, formación docente y planes diferenciados según la realidad de cada establecimiento. Chile, por ahora, no ha garantizado ninguno de esos elementos.
La ley la aprobaron en el Congreso. La tienen que aplicar los profesores.
Aquí está el nudo más crítico de la implementación. La ley no llegó acompañada de presupuesto adicional, ni de un protocolo claro de actuación para los docentes. ¿Qué hace un profesor cuando un alumno se niega a guardar el celular? ¿Lo confisca? ¿Lo anota en el libro de clases? ¿Llama al apoderado? ¿Deriva a inspectoría? Cada una de esas acciones requiere tiempo y energía, puede escalar en conflicto, y ninguna estaba contemplada en el rol original del docente.
La situación se complejiza aún más cuando se considera la desigualdad estructural del sistema educativo chileno. No es lo mismo implementar esta ley en un colegio particular pagado, con personal de apoyo, apoderados alineados con las normas y recursos disponibles, que en un establecimiento municipal de un sector vulnerable, donde el celular puede ser el único medio de comunicación que tiene el estudiante con su familia durante la jornada. En esos contextos, quitarlo puede vivirse como una agresión, y el docente que intente hacerlo cumplir puede enfrentarse a resistencia, conflicto y hasta acusaciones. La misma ley. Realidades completamente distintas. Sin ningún plan diferenciado.
Y todo esto se suma a una realidad que los docentes chilenos ya conocen bien: el agobio. Antes de esta ley, los profesores ya cargaban con la gestión de la violencia escolar, la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, el acompañamiento de la salud mental de sus alumnos, la burocracia administrativa y sueldos que históricamente no han reflejado la complejidad de su trabajo. Ahora se les pide, además, implementar una nueva normativa sin formación, sin recursos y sin una guía clara de cómo actuar.
Chile necesita que esta ley funcione. Los estudiantes la necesitan. Pero para que eso ocurra se requiere mucho más que una firma en el Diario Oficial: capacitación real para los docentes, recursos económicos para los establecimientos, educación digital para las familias y un plan que reconozca la profunda desigualdad del sistema. Porque la ley llegó con buenas intenciones, pero sin los recursos necesarios termina recayendo, una vez más, sobre los hombros de quienes ya están dando todo.
