El senador Sanhueza presentó indicaciones que endurecen los requisitos y eliminan beneficios transitorios para miles de docentes a contrata
20 de enero de 2026 – El proyecto de ley sobre Titularidad Docente (Boletines N°s 17.489-04, 17.749-04 y 17.755-04 refundidos) enfrenta un momento crítico tras la presentación de siete indicaciones el pasado 19 de enero, algunas de las cuales ponen en serio riesgo los derechos laborales de miles de profesoras y profesores que actualmente trabajan a contrata en establecimientos educacionales del país.
Las indicaciones más preocupantes provienen del senador Sanhueza, quien busca endurecer significativamente los requisitos para acceder a la titularidad. La indicación más grave es la número 4, que elimina completamente el artículo 41 transitorio, norma fundamental que permitiría a los docentes que ya cumplen requisitos al 31 de julio de 2025 acceder a la titularidad sin necesidad de haber pasado por un proceso de reclutamiento transparente. Esta disposición transitoria era precisamente la que beneficiaría a colegas que llevan años trabajando en condiciones de precariedad laboral.
Además, la indicación número 3 del mismo senador establece un requisito único y extremadamente rígido: cinco años continuos de trabajo, eliminando las alternativas más flexibles de tres años continuos o cuatro años discontinuos en los últimos cinco años que contemplaba el proyecto original. Esta modificación cerraría las puertas de la titularidad a cientos de docentes que, por diversas circunstancias, han tenido que interrumpir temporalmente su labor educativa.
Un proyecto que corre contra el tiempo
La urgencia de este proyecto no es solo legislativa, sino también política. Con apenas 50 días antes del cambio de mando del 11 de marzo de 2026, el margen para aprobar esta iniciativa es extremadamente ajustado. El riesgo es claro: si el proyecto no se aprueba antes de que asuma la nueva administración de José Antonio Kast, podría quedar paralizado, archivado o, peor aún, sufrir modificaciones que lo desnaturalicen completamente.
Los análisis técnicos advierten que una nueva correlación de fuerzas parlamentarias podría ser menos favorable para iniciativas de ampliación de derechos laborales docentes, y que el proyecto podría simplemente no ser prioridad en la nueva agenda legislativa.
Las indicaciones del Ejecutivo: un piso mínimo aceptable
Frente a este escenario, las indicaciones presentadas por el Presidente de la República (números 5 y 6) buscan un camino intermedio. La indicación número 6 es particularmente relevante, ya que establece un período de transición de tres años durante el cual no se exigiría el requisito del proceso de reclutamiento transparente, dando tiempo a sostenedores y docentes para adaptarse a la nueva normativa.
Por su parte, la senadora Provoste presentó la indicación número 7, que amplía significativamente los beneficiarios al permitir el acceso a la titularidad incluso con menos de 20 horas semanales y posibilitar la titularidad parcial para quienes ya tienen algunas horas como titulares.
Un llamado a la urgencia del trámite
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile hacemos un llamado urgente a toda la comunidad docente a mantenerse informada. Este proyecto representa una oportunidad histórica para terminar con la precariedad laboral que afecta a miles de colegas que, tras años de servicio educativo, aún no cuentan con la estabilidad que merecen.
Rechazamos categóricamente las indicaciones restrictivas del senador Sanhueza que buscan endurecer requisitos y eliminar beneficios transitorios. Exigimos a los parlamentarios priorizar la discusión inmediata de este proyecto y garantizar su aprobación antes del cambio de mando.
No podemos permitir que una nueva correlación política deje en la indefensión a miles de profesoras y profesores que han entregado su vida a la educación pública. El tiempo corre en nuestra contra.
