El proyecto de Ley iniciado por el Ejecutivo propone modificar la Ley 21.040 sobre Educación Pública y otros cuerpos legales, fue aprobado y despachado por la Sala del Senado para continuar su proceso en la Cámara de Diputados y Diputadas.
El proyecto busca fortalecer la Dirección de Educación Pública y consolidar el rol rector del Ministerio de Educación mediante la creación de instancias y mecanismos que promuevan la coordinación intersectorial. Asimismo, se propone dotar a los Servicios Locales de Educación de herramientas que permitan una gestión administrativa y financiera más flexible, con el fin de garantizar un traspaso total, ordenado y efectivo del servicio educativo.
Dentro de las medidas más importantes del proyecto está la extensión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) hasta el año 2029, asignando más de $100 mil millones para preparar los traspasos de los futuros Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), además de entregar potestades sobre la mejora de la infraestructura de los establecimientos, compra de recursos pedagógicos y pago de remuneraciones en aquellos municipios con mayo presión financiera.
De ser aprobado, este proyecto permitirá:
- Mejorar el proceso de traspaso de establecimientos educacionales
- Se establecerán planes de transición universales y obligatorios.
- Se aumentará de uno a dos años el plazo para el traspaso de establecimientos a los SLEP.
- Se incorporarán sanciones para alcaldes que obstaculicen el proceso.
- Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión en los SLEP
- Se agilizará el nombramiento de directores ejecutivos.
- Se implementará un nuevo sistema de responsabilidad administrativa.
- Se creará un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública, exclusivo para establecimientos dependientes de los SLEP.
- Fomentar la vinculación de los SLEP con sus comunidades
- Los Comités Directivos Locales deberán presentar planes de acción regional y comunal.
- Se ampliará la participación en los Consejos Locales.
- Se establecerá un mecanismo objetivo para crear oficinas locales de los SLEP.
- Fortalecer el apoyo de la Dirección de Educación Pública (DEP) a los SLEP
- La DEP podrá entregar asistencia pedagógica, administrativa y financiera.
- Podrá transferir recursos para infraestructura y equipamiento de manera directa.
- Se autorizará emitir lineamientos para evitar situaciones críticas en los SLEP.
- Mejorar el acompañamiento del Ministerio de Educación y su articulación con otros servicios
- Se reforzará la Mesa Ejecutiva para la Coordinación Regional, promoviendo la colaboración entre servicios públicos en el territorio.
- Reconocer al Sistema de Educación Pública como una política de Estado
- Se creará un Comité de Ministros conformado por 10 ministerios, que se reunirá al menos dos veces al año.
- Este comité buscará coordinar acciones entre servicios públicos y responder a necesidades urgentes de los SLEP.
La posición del Regional Metropolitano:
Creemos que, desde una mirada crítica, las modificaciones a la Ley 21.040 representan un esfuerzo limitado del Ejecutivo frente a la profunda crisis que afecta al Sistema de Educación Pública. Si bien introduce ajustes en la gestión y coordinación, el proyecto no aborda las causas estructurales de dicha crisis, ni cuestiona los fundamentos del modelo neoliberal que ha regido la educación chilena durante décadas. Persisten elementos críticos como el financiamiento condicionado a la asistencia, la exclusión de las comunidades de los procesos de toma de decisiones, y la ausencia de una orientación pedagógica profundamente transformadora.
Desde una perspectiva comprometida con la defensa y proyección de una educación pública digna, crítica y emancipadora, se sostiene que cualquier reforma estructural debe sustentarse en tres pilares esenciales:
- Un financiamiento basal, suficiente y pertinente que permita estabilidad y equidad.
- Una democracia sustantiva y vinculante, que otorgue poder real a las comunidades educativas en la toma de decisiones.
- Una pedagogía transformadora, que centre su quehacer en el conocimiento, la dignidad humana y la justicia social.
En este contexto, el Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, junto a las comunidades educativas organizadas, enfrenta el desafío de avanzar no solo en la crítica de las reformas insuficientes, sino también en la construcción colectiva de un nuevo horizonte educativo. Un horizonte que supere los marcos tecnocráticos y administrativos, y que ponga a la educación pública al servicio de una sociedad más justa, democrática y comprometida con el bien común.
