La presidenta del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Katherine Rozas, junto a la vicepresidenta Paola Ossandón, asistió este martes a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se presentó un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Docente para garantizar la existencia de horas no lectivas en todos los tipos de establecimientos educacionales, incluyendo los particulares pagados.
La iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Arce (miembro de las comisiones permanentes de Educación y de Familia), apunta a corregir una histórica desigualdad en el sistema educativo chileno, al eliminar la excepción que hoy permite a los establecimientos particulares pagados contratar docentes con un 100% de su jornada dedicada a clases lectivas, sin considerar tiempo para planificación, evaluación o trabajo colaborativo.
Durante la sesión, Katherine Rozas valoró la propuesta y expresó su apoyo irrestricto a la homologación de derechos laborales en todo el sistema escolar: “Desde nuestro Regional, sostenemos que toda mejora a la calidad educativa comienza por respetar el trabajo docente. Las horas no lectivas no son un privilegio, son una necesidad pedagógica y un derecho”.
Según se detalla en el proyecto, las nuevas disposiciones buscan no solo establecer un piso mínimo de horas no lectivas, sino también prohibir expresamente que este tiempo sea utilizado para reemplazos, talleres extraprogramáticos o funciones ajenas a la planificación docente. Asimismo, solo podrán hacerse modificaciones mediante acuerdos colectivos, sin disminuir lo destinado a actividades no lectivas.
“Este es un paso fundamental para combatir la sobrecarga laboral y avanzar en condiciones de trabajo más justas para las y los docentes de todos los sectores”, añadió Katherine Rozas, en línea con las demandas que el Regional Metropolitano ha visibilizado en instancias anteriores.
La propuesta de ley beneficiaría directamente a más de 25.800 docentes que hoy trabajan en colegios particulares pagados y que carecen de protección legal en esta materia. Desde el Regional Metropolitano, se reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos laborales del profesorado y se llamó a seguir avanzando en normativas que fortalezcan la educación pública y el bienestar de sus trabajadores.
