Dirigentes del Colegio de Profesores y de la Salud de Lampa se reunieron en la sede santiaguina del Congreso, con la senadora Yasna Provoste (DC), con el objetivo de exponer la grave situación financiera y administrativa que atraviesa la Corporación Municipal. Demandan gestión de la parlamentaria para que exista una intervención de las autoridades centrales del Estado.

“Los trabajadores de Lampa movilizados de educación y salud han expuesto los serios problemas que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, la gran diferencia es que ahora parlamentarios, como la senadora Provoste y el senador Insulza, se han comprometido a oficiar a distintos organismos, como la Contraloría, para que aquí se haga algo. El tema de fondo es cómo avanzamos para terminar con la impunidad que se ha venido dando en Lampa con la misma autoridad edilicia”, afirmó Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores.

Luego de tres semanas de paralización la asamblea de trabajadores exige una respuesta sobre la millonaria deuda de sus cotizaciones. “Las bases solicitan que no se suspenda la movilización hasta cuando no haya un acuerdo definido y cuando muestro empleador, principalmente la alcaldesa, asuma la deuda que tiene. Los recursos tienen que aparecer para resolver estas deudas”, explicó Cecilia Sepúlveda, Tesorera del Comunal Lampa del Colegio de Profesores.

“Hemos comprometidos ante los representantes de los trabajadores acciones ante la Superintendencia de  Educación y la Contraloría, y vamos a apoyar las iniciativas que ellos lleven ante la Dirección del Trabajo, porque no puede haber doble estándar de la autoridad en donde los derechos fundamentales de los trabajadores no se están cumpliendo”, sostuvo a la salida de la reunión, la Senadora Provoste.

“El paro comunal se extiende por más de 16 días y ya hay amenazas del no pago de estos días en los sueldos de los trabajadores de Lampa (…) pareciera que poco y nada le importa a la Alcaldesa, incluso para el último Concejo municipal, ella hizo uso de un día administrativo y no estuvo presente. Esto no puede continuar”, finalizó Díaz Marchant.

En la solicitud presentada por el Colegio de Profesores, el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y la Presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, se pide a la Contraloría exigir al gobierno el cumplimiento del pago del bono de incentivo al retiro 2016 fijado en las leyes 20.976 y 20.964.

“Para nuestra sorpresa, el miércoles de la semana pasada el gobierno ha reconocido que está incumpliendo la ley de incentivo al retiro para los Profesores y Asistentes de la Educación y nos parece esto un hecho grave, porque cuando se aprobaron estas leyes se señaló la urgencia de poder entregar estos recursos. Les pedimos que cumplan con su labor”, afirmó la senadora Provoste.

La ley de incentivo al retiro permite que al menos 1.500 profesores puedan acogerse al beneficio si al 31 de diciembre el 2016 habían cumplido 65 años y en el caso de las mujeres entre 60 y 64 años de edad. El bono asignado podría alcanzar hasta $ 21 millones 500 mil pesos para un profesores con 37 horas y con 11 ó más años de servicio. Pese a que los recursos fiscales fueron aprobados en la fase legislativa a la fecha menos 200 docentes recibieron el beneficio.

“Por negligencia, por burocracia y por dejar de hacer las tareas a las que están obligadas las autoridades educacionales esto no se ha podrido concretar. Nos parece que ahí hay un evidente abandono de funciones de autoridades ministeriales y también municipales, por lo tanto, nos parece pertinente que el Contralor intervenga y haga las exigencias legales para que estos funcionarios hagan su trabajo como nos exigen a los profesores”, apuntó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

En la misma línea, los Asistentes de la Educación denuncian que sólo 100 de los 2.780 casos solicitados recibieron el bono. “A la fecha 14 funcionarios han fallecido esperando este bono y esperamos que el Contralor tome acciones que agilicen este proceso,  porque sino pronto tendremos a  otros funcionarios que van a morir esperando”, advirtió Miguel Ángel Araneda, Presidente del CONAECH.