Seminario en Universidad de La Frontera abordó problemática de los SLE junto a dirigentes gremiales

El pasado viernes se desarrolló el seminario/taller denominado “Una mirada crítica a la instalación e implementación de los Servicios Locales de Educación”, co-organizado por el Regional Araucanía del Colegio de Profesores, la Escuela de Pedagogía y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera (UFRO).

A la instancia oficial acudieron los presidentes regionales de las zonas en que la ley de Nueva Educación Pública ya se ha comenzado a instalar o iniciará dicho proceso en el corto plazo. Así es como se logró la asistencia de nuestro Presidente Metropolitano, Carlos Díaz Marchant, junto a Carlos Ojeda Murillo (Pdte. Regional de Arica), Francisco Martínez Abarca (Pdte. Regional Atacama), Jorge Munizaga Miranda (Pdte. Regional Coquimbo), Boris Figueroa Merino (Pdte. Regional Bío Bío) y Jaime Quilaqueo Bustos (Pdte. Regional Araucanía y uno de los anfitriones del evento).

“Fue una actividad de dos días, muy provechosa pues permitió tener una visión bastante objetiva de lo que está pasando con la implementación de los Servicios Locales de Educación. Expusieron representantes gremiales de los cuatro actuales SLE (Puerto Cordillera, Barrancas, Huasco y Costa Araucanía), dando a conocer los serios problemas que han tenido en este período inicial. También pudimos escuchar a dos catedráticos de la Universidad de La Frontera con quienes compartimos un diagnóstico bastante en común. De todo esto se va a generar un documento que se entregará al directorio nacional del Colegio de Profesores”, nos explica el timonel Metropolitano del gremio, Carlos Díaz Marchant.

El Director del Departamento de Ciencias Sociales, Patricio Mena Malet y la académica de éste, María Lara Rocha, fueron anfitriones de la cita en que se analizó la perspectiva territorial de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública

Al evento también asistieron dirigentes nacionales del gremio docente.




Columna en El Mostrador de Carlos Díaz Marchant denuncia crisis en Servicios Locales

Una amplia difusión ha logrado la reciente columna escrita por el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant.

El Mostrador fue el medio que publicó esta denuncia relativa a la crisis que viven los Servicios Locales de Educación que están a cargo de la “desmunicipalización” que se origina en la ley de Nueva Educación Pública.

Todo esto nos refuerza en nuestra certeza de que ¡Esta NO es nuestra desmunicipalización!

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Taller técnico pedagógico sobre implementación y proyección de ley NEP

Desde la División de Desarrollo y Planificación Educacional de la Dirección de Educación Pública, se realizó, con dirigentes de diversos niveles del Colegio de Profesores como invitados, un taller que buscó la visualización de los puntos que son más relevantes y prioritarios para el gremio docente en relación con la propuesta de primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2018-2027

Cabe destacar que la ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, establece, en su artículo 6, la existencia de la Estrategia Nacional de Educación Pública como instrumento de política pública que se renueva cada 8 años, y cuya propuesta debe ser entregada por la Dirección de Educación Pública al Ministerio de Educación, quien deberá a su vez presentarla al Consejo Nacional de Educación para su aprobación y posterior promulgación.

Es en este contexto que la realización de un diálogo técnico buscó ser un espacio para canalizar la visión de los docentes chilenos en relación con los contenidos y características que, a juicio de nuestro gremio, debe considerar dicha Estrategia, así como problemas a resolver.

Entre los asistentes invitados se contaba al Presidente Nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dirigentes nacionales, encargados del departamento de Educación a nivel nacional, así como dirigentes metropolitanos tales como Sandra Araya, Patricia Muñoz y el Presidente del Regional, Carlos Díaz Marchant.

Este último afirmó que: “Hemos planteado nuestras posturas como gremio en cuanto a fortalezas, dificultades y desafíos que nos presenta la ley NEP, a partir de ciertos conceptos como son: Aprendizajes de calidad, Estrategias de enseñanza para el siglo XXI, Trayectoria educativa, Desarrollo de capacidades de los actores del sistema e Infraestructura y equipamiento educativo de calidad. Todo en función de un análisis de la ley de Nueva Educación Pública y los Servicios Locales”.




Por sueldos aún impagos docentes del SLE Barrancas se suman al Paro Regional Docente

Tras las situaciones de demoras y sueldos a medio cancelar que se vienen arrastrando desde finales de marzo, es que los docentes de las comunas pertenecientes al Servicio Local de Educación “Barrancas”, definieron sumarse con todo a la paralización docente de mañana jueves 19 de abril.

Pese a denuncias, asambleas y gestiones varias, realizadas por los docentes de las comunas afectadas o desde el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, el SLE Barrancas ha simbolizado el desorden y mala implementación de la “desmunicipalización” que implicaba la ley NEP.

Al respecto, Carlos Díaz Marchant, presidente del Regional Metropolitano afirmó: “Los docentes paralizarán sus funciones mañana jueves en respuesta al incumplimiento en el pago de sueldos por parte de las autoridades del Servicio Local. Son muchos los docentes y funcionarios que aún no reciben íntegramente su sueldo del mes de marzo. Como Regional Metropolitano expresamos todo nuestro apoyo a las justas demandas de nuestros colegas de Barrancas. Es impresentable que de esta forma se pretenda mejorar la educación pública”.




Así se inicia la seudo desmunicipalización: Servicio Local ‘Barrancas’ va a Paro

Ayer jueves los docentes de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado acordaron por inmensa mayoría (77%) no iniciar el año escolar este lunes 5 de marzo debido al incumplimiento de las autoridades y a las deudas millonarias que dichos municipios tienen con los docentes.

Estas tres comunas constituyen el primer Servicio Local de Educación de la región metropolitana (Barrancas).

Movilización y difusión ante la prensa nacional han sido medidas para forzar a las autoridades a resolver este problema.

Hoy viernes, dirigentes nacionales y regionales del Colegio de Profesores, se reunieron con el director de dicho SLE, para luego acompañar una asamblea masiva de docentes de las comunas involucradas.

A la salida de estas actividades, Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, afirmó: “Hemos concluido una masiva asamblea de los profesores de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, en donde por forma abrumadora han reafirmado mantener el acuerdo expresado ayer en votación, de ir a Paro para el lunes 5 por tanto no se inician las clases en este Servicio Local (…) Los motivos para esto son el no cumplimiento por parte de la autoridad respecto a la reciente ley de des-municipalización y su planteamiento relativo a que el traspaso debe hacerse con todas las deudas canceladas y saneadas y hasta aquí ni los municipios, ni el SLE ni el Mineduc, han dado respuestas satisfactorias respecto de cuándo y cómo se pagarán esas deudas. Por tanto nosotros como directorio metropolitano, apoyamos esta decisión de los docentes. Estaremos con ellos el lunes en cada asamblea y manifestación, instancias en que se analizará el documento emanado hoy desde la autoridad y si existiere alguna modificación en su actitud.”




Análisis en 20 puntos: “nueva Ley de Educación Pública mantiene pilares del actual modelo”

 

El parlamento despachó la ley de Nueva Educación Pública o Desmunicipalización, ley largamente anhelada por los docentes pues por más de 30 años hemos sufrido con la municipalización. Esperábamos la vuelta de los colegios al estado, el fortalecimiento de la educación pública y la instauración de un nuevo modelo que revirtiera, en profundidad, el actual sistema estandarizado que rige la educación chilena. Lamentablemente nada de esto ocurrió y el gobierno, en acuerdo con la derecha, promulgaron una ley que mantiene intactos pilares esenciales del modelo existente.

El cuerpo legal está contenido en 191 páginas, con 84 artículos permanentes y 55 transitorios. Se crean los Servicios Locales de Educación (SLE), el primero parte a inicios de 2018 y comprende Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia. El segundo lo hará a mediados de 2018 en Coquimbo y Andacollo.

El acuerdo de última hora entre gobierno y derecha empeoró aún más esta ley, de hecho el artículo 6° transitorio da atribuciones al próximo Presidente de la República para modificar el calendario de instalación, permitiendo que el último SLE inicie recién en 2030. Además el artículo 7° transitorio crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que faculta al próximo gobierno a evaluar el sistema en 2021, para tomar determinaciones respecto de su continuidad. El acuerdo gobierno – derecha concordó también la redacción del artículo 10° transitorio que permite a las municipalidades o corporaciones municipales solicitar no ser traspasadas al SLE en los plazos contenidos en esta ley. Todo esto produce más incertidumbre respecto del futuro de la educación pública, alargando exageradamente los plazos y permitiendo la coexistencia, por años, de 2 tipos de educación pública: municipal y SLE.

Marchas, campanazos, velatones, conversaciones con diputados, senadores y autoridades ministeriales, caminata a Valparaíso e incluso un paro nacional de docentes fueron los medios a través de los cuales nos hicimos escuchar como gremio. Ahí está la reducción a 35 alumnos por curso (artículo 19°) y frenamos los intentos de generar una segunda deuda histórica (artículo 34° transitorio). Esto último es un gran logro de la actual conducción del Colegio de Profesores pues no existía ninguna voluntad de parte de los alcaldes, ni del gobierno, por resolver esta situación.

20 Puntos críticos de la Ley de “Desmunicipalización”

1.- Cambia a quien administra el sistema escolar (municipios), pero mantiene el mismo modelo.

2- La Dirección de Educación Pública es un órgano “dependiente” del Ministerio de Educación, pero el Ministerio no administra la educación pública.

3.- No se cumple nuestra demanda histórica de que los colegios y liceos vuelvan al estado.

4.- Ley mantiene la figura de sostenedores (artículo 9° transitorio). Pasaremos de 350 sostenedores (municipios) a 70 sostenedores (SLE).

5.- Sigue la competencia entre sostenedor público y privado por la obtención de recursos.

6.- Se mantiene facultad de cerrar escuelas y liceos públicos (artículo 18, letra k).

7.- Se otorga facultad de cerrar especialidades en enseñanza media técnica-profesional (artículo 18°, letra l).

8.- Alcaldes siguen con plenos poderes: artículo 29° crea Comité Directivo Local (CDL) que tiene la facultad de proponer al Presidente de la República la terna de nombres que definirá al Director Ejecutivo del SLE; define el perfil profesional del cargo; propone prioridades para el convenio de gestión del SLE, solicita remoción del director del SLE; entre otras atribuciones. El CDL lo conforman 2 representantes de los alcaldes, 2 de los Centros de Padres y 2 representantes del gobierno regional. Los trabajadores (docentes y asistentes) no tienen representación en este organismo.

9.- Mantiene actual sistema de financiamiento, por subvención según asistencia media.

10.- Se imponen y mantienen actuales criterios de mercado en la educación pública: firma de convenio de gestión educacional (artículos 17°, 39°, 40°, 41°, 42° y 43°), metas, eficiencia, indicadores y medios de verificación, entre otros aspectos.

11.- Pruebas estandarizadas mantienen rol determinante en la evaluación del sistema.

12.- No se fortalece ni descentraliza la educación pública

13.- No aparece un nuevo proyecto educativo para la educación pública: si bien los primeros artículos hablan de educación integral y desarrollo pleno del ser humano, se mantiene en esencia el mismo modelo escolar que hoy nos rige basado en estándares y mediciones sesgadas, manteniendo el actual currículum academicista, fragmentado y sin pertinencia.

14.- No se propicia un sistema nacional, articulado, de educación pública estatal.

15.- No aparecen medidas reales, concretas y efectivas para fortalecer la matrícula pública.

16.- No existe en la ley un plan nacional de apertura de escuelas y liceos públicos.

17.- Artículo 49 crea los Consejos Locales de Educación, órgano con atribuciones más bien decorativas y no resolutivas (representar, comunicar, proponer, asesorar, emitir opinión, elaborar informe, requerir antecedentes, vincularse).

18.- Representantes de trabajadores en Consejos Locales son minoría (esta instancia la integran dos estudiantes, dos apoderados, dos docentes, dos asistentes de la educación, un representante universitario, otro de centro de formación técnica y dos de equipos directivos).

19.- Funciones y atribuciones del director ejecutivo del Servicio Local son muchas y se asemejan a los poderes que hoy tienen los alcaldes.

20.- Uno de los órganos creados con esta ley y que tiene mayores poderes es el Comité Directivo Local, en el cual docentes y asistentes de la educación no tienen representación. Este comité lo forman alcaldes, gobierno regional y apoderados.

Carlos Díaz Marchant

Presidente Regional Metropolitano – Colegio de Profesores




Una Educación verdaderamente Pública: Reflexión de un profesor

Enrique Peña Verdugo

Profesor

(Con ocasión de la lamentable aprobación de un proyecto de ley que creará un sistema de educación que no es sistema, de una educación pública que no es realmente pública.)

Al parecer nadie, excepto algunos neoliberales recalcitrantes, pretende  presentar argumentos para defender el modelo educacional municipalizador y subvencionado por ‘vouchers’ a la asistencia de los estudiantes: hasta en el propio ministerio considera que ello es parte característica de la educación mercantil, pero a la vez, piensa que hoy no están las condiciones para aventurarse a un cambio; es la política de “en la medida de lo posible”, actitud de excesiva prudencia, rayana en lo timorato.

Valga el exabrupto anterior para poner el marco de la reflexión que se presenta a continuación.

En qué pueda consistir lo público de un sistema nacional de educación, se mezcla precisamente con el hecho de que debe ser gratuito y de calidad. Y para que sea sistema, la educación debe estar teñida longitudinalmente con estas características: pública, desde la modalidad Parvularia hasta la Universidad; gratuita, desde Parvularia a la Universidad; de calidad, desde Parvularia a la Universidad.

No serán el foco de este escrito ni la calidad ni la gratuidad, sino lo público de la educación. La gratuidad de la modalidades de Educación Parvularia, Básica y Media es una evidente necesidad, pero que debe extenderse de la misma manera a la Educación Superior, es decir, la gratuidad de la Educación debe ser universal. También es evidente que la calidad de la Educación debe ser el eje del sistema, pero ella no puede restringirse a ciertos resultados de evaluaciones estandarizadas: la calidad debe estar referida en primer lugar a la satisfacción de las necesidades educativas de la comunidad escolar que se atiende, y así mismo debe estar referida al logro de los perfiles de egreso de los estudiantes como sistema, en sus distintos puntos de salida.

Pero el foco de este texto es lo público de la educación, pues de esto derivan la gratuidad y la calidad. Que el sistema nacional de educación sea público significa primeramente que el Estado tiene y mantiene una tutela directa de las escuelas, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde lo administrativo y financiero.

Actualmente, los congresistas han aprobado el proyecto de Nueva Educación Pública que promovió el Ministerio (con leves desacuerdos en el tema de los plazos de aplicación y otras minucias que no remecen los cimientos de la municipalización), que pretendía lograr la desmunicipalización de las escuelas, y lo que queda de fondo es más bien un proceso de des-alcaldización del sistema, lo que no está mal, dadas las dolorosas experiencias en algunos municipios, pero, ¿ qué de público tiene un “sistema” que mantiene la figura del sostenedor, y en el que participan casi los mismos actores que en la municipalización más otros privados, a quienes se suman profesionales electos por Alta Dirección Pública (procedimiento que no ha pasado de ser un mal chiste)?

Es al menos dudoso que la Nueva Educación Pública ministerial propicie avances en lo público precisamente, pues propone desconcentrar cuando debe unificar: los organismos ya creados antes de pensar en desmunicipalizar, Superintendencia[1] y Agencia de Calidad, han provocado desconcierto, mayor carga de trabajo en las escuelas, y han desperfilado el rol del propio Ministerio de Educación, y si a ellos se les agrega una Dirección de Educación Pública con sus Servicios Locales (ambos organismos con una cierta autonomía, que replica la de los ya creados), se tendrá una estructura educacional parcelada, donde lo sistémico difícilmente podrá ser identificado, y, lo que es peor aún, se configura un Ministerio altamente complejo y desperdigado. De hecho, podrían llegar a ser compartimentos estancos, compitiendo por una eventual supremacía de poder: el Ministerio, dedicado a la orientación pedagógica; la Dirección de Educación Pública, consagrada a la administración de recursos; la Superintendencia, fiscalizando el uso de los recursos; la Agencia, evaluando una concepción de calidad educativa con estándares definidos como normativos.

¿Quién dirige entonces, quién conduce el sistema? ¿El Jefe del Departamento Provincial o el Secretario Regional Ministerial? ¿El Superintendente? ¿El Director de la Agencia de Calidad? ¿El Director Ejecutivo del Servicio Local o el Director de Educación Pública?

El contacto directo con las escuelas siempre ha radicado en los Departamentos Provinciales de Educación, en sus Supervisoras y Supervisores, y no se ve ninguna razón para que dejen de tenerlo y sean sustituidos por otro organismo. Ellas y ellos, en su mayoría docentes, conocen con detalle el acontecer de los centros educativos.

Implementar las orientaciones pedagógicas, la distribución de los recursos, la supervisión cercana de su uso, y la evaluación de los procesos y resultados en las escuelas son tareas propias de un Ministerio de Educación y de un Estado que se hacen cargo de la educación como un derecho social. Actualmente, los equipos técnicos de los Departamentos Provinciales “intervienen” con sugerencias en todos estos ámbitos, especialmente cuando orientan la confección de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME)[2]. Si estos equipos son reforzados en los aspectos administrativos, financieros y contables, y, a su vez, se replican estos refuerzos en los Consejos Escolares y equipos directivos de las escuelas, el Ministerio podría prescindir de las estructuras que ha venido creando y que está por crear.

Este vínculo estrecho entre las supervisoras y supervisores técnicos con las escuelas, a través de visitas periódicas directas y del funcionamiento en redes de colaboración entre ellas, es la relación óptima para que se configure un verdadero sistema educacional. Es decir, una relación directa en la que el Ministerio y las escuelas forman parte de un mismo y único sistema, de modo que los profesionales y asistentes que laboran en las escuelas sientan que son verdaderamente funcionarios públicos, así como los estudiantes y apoderados tengan clara conciencia de que todo el proceso educativo está respaldado por el Estado, y no por intereses de particulares.

Es cierto que, cincuenta años atrás, este mismo Estado demoraba seis meses y más en cancelar el sueldo de un profesional que ingresaba a la escuela, situación que un connotado asesor ministerial esgrimía como argumento para descartar al Ministerio como un ente centralizador de recursos. ¡Pero hoy existen las TICs, y apretando una tecla ya llegaron los antecedentes a cualquier lugar del mundo! Hace cincuenta años existían unos funcionarios llamados “habilitados” que, a punta de lápiz y papel, pagaban en efectivo el sueldo mensual de cada docente, de cada auxiliar de la escuela. ¡Hoy existen la planilla Excel y la tarjeta bancaria!

Pero no solamente la presencia del Ministerio en las escuelas es suficiente para que el sistema educacional sea verdaderamente público, gratuito y de calidad. Lo que concreta estas características del sistema educacional es el modo de financiamiento: ya sea que en un curso haya matriculados cinco estudiantes como mínimo o veinticinco como máximo, el Estado deberá otorgar los recursos profesionales y materiales para dotar suficiente y equitativamente a todas las escuelas del país, de manera de asegurar por esta vía la calidad del sistema educativo y su gratuidad, invirtiendo para ello al menos el 7% del Producto Interno Bruto, como lo hacen la mayoría de los países que llamamos desarrollados[3].

Con ello se financia la docencia en todos los niveles educacionales, la investigación académica, el perfeccionamiento gratuito de los docentes, la formación Técnico Profesional con calidad, la proporción de cincuenta por ciento de horas aula versus horas no lectivas (incluso probablemente la co-docencia en Educación Parvularia, y Básica en Primer Ciclo: dos docentes por aula).

La reunión de todas las subvenciones que actualmente se entregan por estudiante-cliente, para prioritarios y preferentes, para mantención, para el Programa de Integración Escolar (PIE), para la retención, para la alimentación de todos los estudiantes que lo requieran, para sus útiles y textos escolares, los fondos especiales de apoyo a la gestión de la educación municipalizada (FAGEM) y el de apoyo a la educación pública (FAEP) y tantos otros; todos estos recursos reunidos permitirán ofrecer escuelas que puedan gestionar eficientemente los elementos necesarios para lograr satisfacer las necesidades educativas de la población escolar desde el inicio del año, a diferencia de hoy en que una parte considerable de los PME de los centros educativos comienza a desarrollarse solo en el segundo semestre de cada año.

Y por último, un sistema educacional verdaderamente público se completa con una real Carrera Docente, que permita que las profesoras y los profesores puedan acceder sucesiva y voluntariamente a cargos dentro del sistema descrito, en mérito a los años de servicio, a su perfeccionamiento, y sus competencias evaluadas por la comunidad educativa en relación con su práctica pedagógica, y no en función de evaluaciones estandarizadas, nuevamente, que les clasifican en tramos de calidad individual. Una Carrera Docente que genere la posibilidad que las profesoras y los profesores puedan devolver sus propios aprendizajes a las propias escuelas y liceos, concursando regladamente los diferentes cargos de coordinación, jefaturas, hasta la propia Dirección, incluido también el cargo de supervisor ministerial. Una Carrera Docente que respete el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], por la OIT[5] y por la Dirección del Trabajo[6], y les permita ejercer su profesión en cualquier ciudad del país en las mismas condiciones que en su escuela de origen, mediante una simple permuta. Una Carrera Docente que culmine, finalmente, en una jubilación por años de servicio con una pensión digna, de al menos el ochenta por ciento del sueldo en activo.

A pesar de la ominosa presencia de las aprobadas leyes de Nueva Educación Pública y de Carrera Docente, y por ello mismo, existen y subsisten numerosas opiniones y conceptos similares a los expresados en este escrito. Una norma errónea no precisa necesariamente de comprobaciones factuales para evaluar sus efectos: una ley se cambia con otra ley, y eso depende de la voluntad política de los gobernantes, convencidos de la necesidad y urgencia que el cambio y sus consecuencias son requeridos por los gobernados.

Es por esto por lo cual los nuevos gobiernos y los nuevos congresistas deberán considerar estas opiniones en su quehacer, y definir su posición frente a ellas, pues ellas expresan demandas hondamente sentidas por las comunidades escolares y por los profesionales de la educación, que no cejarán en su lucha por construir un sistema de educación verdaderamente público.

 

Enrique Peña Verdugo

Profesor y Presidente Comunal Huechuraba del Colegio de Profesores

 

 

Octubre, 2017.-

[1] Ley Nº 20529: SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012.

[2] Ley N° 20248, Art. 7° letra d)

[3] Gasto público en educación, total (% del PIB). Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). https://datos.bancomundial.org (aunque Cuba, que no es desarrollado, destina actualmente el 12%)

[4] Art. 19.2, 19.16, 19.22. Constitución Política de la República de Chile, 2005.

[5] Convenio Nº 100, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1951. (estatus de actualizado).

[6] Ord. Nº 3030/045 de 2010, Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile.




¡Logro del profesorado! Comisión Mixta despacha Ley NEP sin el peligro de una ‘Segunda Deuda Histórica’

Este lunes 01 de octubre la comisión mixta, que integró a parlamentarios de ambas cámaras, dio solución al peligro que se generó en torno a una posible “Deuda Histórica 2.0” y que fue uno de los motivos de las diversas movilizaciones que, como gremio hemos desarrollado, este 2017.

“Que hoy día haya quedado resuelto la obligación de los municipios de pagar, y si el municipio no paga la obligación del Estado, del Poder Ejecutivo, de hacerse cargo de esa deuda y después descontarla a los municipios, nos deja la tranquilidad de que ya no hay posibilidad de una Deuda Histórica 2”, afirmó Mario Aguilar, Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile, a la salida de la Comisión Mixta del Congreso que despachó el Proyecto de Ley NEP, que ahora pasará a votación en ambas Cámaras. Con todo, el dirigente enfatizó que esta ley no resuelve los problemas de fondo de la Educación Pública y no saca a ésta de la lógica de mercado, siguiendo la línea crítica que ha tenido el profesorado para con este proyecto de ley.

Para Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del gremio docente, “Ayer culminó su trabajo la comisión mixta y despachó la ley de desmunicipalización. Gracias a las gestiones realizadas por nuestro Presidente Nacional Mario Aguilar, más los directorios nacional, regionales y a nivel comunal, junto a la presión hecha por nuestras movilizaciones, caminatas y el paro nacional de agosto pasado, hemos logrado frenar la posibilidad de que se genere una segunda deuda histórica. Ha quedado claro en el cuerpo legal que las deudas deben pagarlas  los municipios y no expirarán con el traspaso a los servicios locales de Educación. Este es un enorme logro del Colegio de Profesores pues más allá de que consideramos que esta ley no recoge el sentir del profesorado hemos logrado detener ese nefasto fenómeno. ¡Bien por los docentes y nuestra organización!”.

Un nuevo logro para el actual Colegio de Profesores.

Es posible ver EN ESTE LINK LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE NACIONAL  MARIO AGUILAR EN NOTICIERO NOCTURNO DE CHILEVISIÓN




Proyecto de desmunicipalización: Se constituyó la comisión mixta (Vía Cooperativa)

La instancia quedó integrada por parlamentarios de la UDI, RN, la DC, el PPD, el PS y el Partido Radical.

Éstos dirimirán 11 puntos de la iniciativa, y votarán durante la primera semana de octubre.

El Senado y la Cámara de Diputados conformaron el miércoles la comisión mixta que debe resolver los aspectos pendientes del proyecto de ley de Nueva Educación Pública, también conocido como “desmunicipalización”.

La instancia quedó conformada por los senadores Andrés Allamand (RN), Jaime Quintana (PPD), Carlos Montes (PS), Ena von Baer (UDI) e Ignacio Walker (DC), y por los diputados Germán Becker (RN), Jaime Bellolio (UDI), Manuel Monsalve (PS), Yasna Provoste (DC) y Alberto Robles (PR).

La ministra Adriana Delpiano señaló que la tramitación de la iniciativa se encuentra “en la recta final”, pues se trata de “un proyecto muy grande” donde están “acotadas 11 divergencias entre el Senado y la Cámara”.

Agregó que en la cartera ya “hay un equipo entero trabajando en todo lo que se puede hacer sin tener la ley aprobada, que es prever todas las situaciones que pueden venir”.

El objetivo es “que en diciembre tengamos ya las condiciones para que, en marzo, por lo menos en dos territorios del país, se pueda haber hecho el traspaso” de la administración de los colegios desde las municipalidades hacia los nuevos servicios locales, indicó la secretaria de Estado, quien puntualizó que la votación se efectuará tras el regreso de la semana distrital, al inicio de octubre.

Opinan los congresistas

Dentro de los 11 puntos en los que hay “divergencias” se encuentran la solución de las deudas de los municipios con los profesores, definir si en 2022 deberán ingresar todas las municipalidades al sistema, y los plazos de la gradualidad, que hasta ahora permanecen con pronóstico reservado.

“Esos artículos vamos a conversarlos con la derecha, son producto de nuestra posición como parlamentarios, no tienen que ver con el acuerdo del Gobierno. Hay cosas que el Gobierno tiene que ayudarnos a resolver, sobre todo el tema de los trabajadores”, comentó el diputado Alberto Robles.

El legislador radical adelanta que habrá “problemas”, en específico, con el artículo que “permite al Presidente postergar simplemente por decreto la puesta en marcha de un servicio local”, el que “permite que los alcaldes puedan postergar la entrada a los servicios” y “aquél que fija el nuevo sistema de evaluación, y que pone una fecha”.

“Esos tres artículos tenemos necesariamente que conversarlos para poder lograr, ojalá entre los parlamentarios, un buen acuerdo”, agregó Robles.

Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio acusó que la Nueva Mayoría está trabajando en esta materia con intencionalidad política. “Cuando el Gobierno dijo que tenía 16 semanas de plazo para echarlo a andar era porque están buscando una cuestión política: que la Presidenta Bachelet sea la que eche a andar los dos primeros servicios locales”, comentó.

“Ellos están ocupando ese argumento como presión para votar este proyecto, pero lo que deberían haber hecho era ordenar a sus propios parlamentarios, porque esto se cayó (en la Sala de la Cámara Baja) porque sus parlamentarios se les desordenaron y no cumplieron con un compromiso que el Gobierno había adquirido”, dijo Bellolio.

Vía Web de Radio Cooperativa

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Con acuerdo de la derecha y la Nueva Mayoría la ley NEP avanza en el Senado

Dirigentes Nacionales y Regionales del gremio docente, encabezados por los presidentes respectivos, Mario Aguilar y Carlos Díaz Marchant, asistieron a la sesión de la Cámara Alta de este miércoles 06 de septiembre en que trató la ley oficialista llamada de ‘Nueva Educación Pública’ (NEP) que supuestamente apunta a la desmunicipalización de la educación pública.

Díaz Marchant presenció toda la sesión y al finalizar afirmó; “acaba de concluir la votación del proyecto de ley. Se aprobó casi en su totalidad quedando sólo algunos artículos para ser votados en próxima sesión. El acuerdo Nueva Mayoría-Chile Vamos, quedó expresado con claridad en esta votación. Una vez más la clase política dominante legisla sin escuchar a los docentes (…) la jornada estuvo marcada por el acuerdo que se percibía por todos lados entre la derecha y la Nueva Mayoría, con todos sus Senadores haciendo alusión a este acuerdo unitario, felices desde ambos bandos, lo que contrasta con un texto legal híbrido y cuestionado por ciertos Senadores que sí plantearon reparos como la posibilidad de que los recursos podrían no alcanzar o el hecho que el 2021, con otro gobierno en el poder, se debe evaluar el proceso y allí definir si se sigue con éste o no”.

Pero aún quedan pasos por dar en el Poder Legislativo, el Presidente del Regional Metropolitano añade que “ahora lo que viene es el cierre de la discusión en el Senado durante la próxima semana, para pasar posteriormente a la Cámara Baja donde será analizado y votado. Nosotros seguimos insistiendo en que no se debe generar una ‘Deuda Histórica 2.0’ con los profesores, que no se debe mantener la figura del sostenedor y de que el financiamiento debe ser basal. Estos son elementos esenciales para que el proyecto de ley cambie de manera estructural”, finalizó.