Con la aprobación del último trámite legislativo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Poder Legislativo concluyó la discusión y votación del proyecto de ley que suspende la Evaluación Docente 2020 para todos los profesores que lo deseen, en consideración de las excepcionales circunstancias que vive el sistema escolar producto de la pandemia de COVID-19.

La ley aprobada facultará a los profesionales de la educación a no rendir los instrumentos de evaluación correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente, disponiendo que los profesores que deseen acogerse a esta excepción deberán solicitarlo al sostenedor respectivo, el que estará obligado a darle curso, produciéndose de pleno derecho la suspensión. El mismo efecto producirán las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de este proyecto como ley.

Las maestras y maestros que pese a las extraordinarias condiciones que se viven producto de la suspensión de clases presenciales igualmente deseen realizar la Evaluación Docente este año podrán hacerlo y la ley establece que la presentación del registro audiovisual del desempeño en aula se posterga para los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Para Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores: “Sólo falta la publicación en el Diario Oficial, lo cual debe producirse en las próximas semanas. Esto implica un gran logro del Colegio de Profesores y Profesoras, así como de la gestión que dirige el colega Mario Aguilar”.

La Ley que suspende la Evaluación Docente 2020 fue apoyada en todas sus instancias por el Colegio de Profesoras y Profesores, que se hizo presente en las sesiones de discusión de ambas Cámaras del Congreso y abogó también por la suspensión legal del SIMCE este año, moción que tuvo un mayoritario apoyo de parte de los legisladores, pero que de todas maneras no fue aprobado por no lograr el quórum de dos tercios exigidos por la actual Constitución para la materia.

Dirigentes del Colegio de Profesores y de la Salud de Lampa se reunieron en la sede santiaguina del Congreso, con la senadora Yasna Provoste (DC), con el objetivo de exponer la grave situación financiera y administrativa que atraviesa la Corporación Municipal. Demandan gestión de la parlamentaria para que exista una intervención de las autoridades centrales del Estado.

“Los trabajadores de Lampa movilizados de educación y salud han expuesto los serios problemas que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, la gran diferencia es que ahora parlamentarios, como la senadora Provoste y el senador Insulza, se han comprometido a oficiar a distintos organismos, como la Contraloría, para que aquí se haga algo. El tema de fondo es cómo avanzamos para terminar con la impunidad que se ha venido dando en Lampa con la misma autoridad edilicia”, afirmó Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores.

Luego de tres semanas de paralización la asamblea de trabajadores exige una respuesta sobre la millonaria deuda de sus cotizaciones. “Las bases solicitan que no se suspenda la movilización hasta cuando no haya un acuerdo definido y cuando muestro empleador, principalmente la alcaldesa, asuma la deuda que tiene. Los recursos tienen que aparecer para resolver estas deudas”, explicó Cecilia Sepúlveda, Tesorera del Comunal Lampa del Colegio de Profesores.

“Hemos comprometidos ante los representantes de los trabajadores acciones ante la Superintendencia de  Educación y la Contraloría, y vamos a apoyar las iniciativas que ellos lleven ante la Dirección del Trabajo, porque no puede haber doble estándar de la autoridad en donde los derechos fundamentales de los trabajadores no se están cumpliendo”, sostuvo a la salida de la reunión, la Senadora Provoste.

“El paro comunal se extiende por más de 16 días y ya hay amenazas del no pago de estos días en los sueldos de los trabajadores de Lampa (…) pareciera que poco y nada le importa a la Alcaldesa, incluso para el último Concejo municipal, ella hizo uso de un día administrativo y no estuvo presente. Esto no puede continuar”, finalizó Díaz Marchant.

El Servicio Local de Barrancas sigue dando que hablar. Esta vez se trata de la discriminación que sufren los docentes de esta comuna al no pagárseles el Bono de Profesor Jefe, hecho que sumado a  las malas condiciones en que están los colegios, llevaron a la paralización de los colegas de dichas comunidades educativas.

Tras la movilización de inicios de semana, desde el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, se comprometió todo el apoyo para gestionar reuniones con la autoridad.

Así fue como la noche del miércoles la directiva comunal del gremio junto a la Metropolitana, fueron recibidas por la Seremi de Educación, Bárbara Soto.

Este jueves 11 de abril, la cita fue con en la DEP o Dirección de Educación Pública.

En el siguiente video, nuestro Presidente Metropolitano, Carlos Díaz Marchant, nos explica la situación.

Hace pocos días supimos de la victoria del gremio en un caso judicial sobre ‘Titularidad Docente’ en contra de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. “Dicha demanda se fundamentó en el hecho de que la profesora afectada, Miriam Vidal, cumplía con todos los requisitos que establecía la ley 20.804, para acceder a la totalidad de las horas como docente titular”, nos explica la abogada del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Sylvia Achiardi.

Este proceso se llevó a cabo ante el Juzgado de letras del trabajo de San Miguel, el cual dictó  sentencia el 10 de octubre del 2017, la que luego fue ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

De esta manera la docente, a partir del año 2018, desempeñará funciones por un total de 37 horas semanales de trabajo.

Gestiones ante Contraloría por precariedad laboral

En términos de precariedad laboral que existe hoy entre el profesorado, se destaca la gran cantidad de años que pueden pasar en calidad de ‘contratas’ nuestros colegas que trabajan para Municipios y Corporaciones. Una ilegalidad que complica la vida y estabilidad de miles de docentes.

La dirigenta del Regional Metropolitano, Patricia Muñoz, quien acudió a Contraloría junto a la abogada Achiardi, explica que “a pesar de todo, nos encontramos hoy con municipios que sin exagerar, exceden el 50% de ‘contratas’, aún cuando el Estatuto Docente, pone como tope máximo el 20% de la planta como dotación en la situación indicada (…) Han sido constantes las solicitudes de los docentes para que se solicite una investigación de Contraloría, tanto que con el Presidente Regional Carlos Díaz Marchant y la abogada Sylvia Achiardi, solicitamos una fiscalización de este tema al organismo mencionado, esperando que haga que los municipios cumplan la ley y con eso llevar tranquilidad a cientos de docentes que hoy tienen la vida muy complicada, ya que los alcaldes prometen pero se les olvida cumplir”.

En la ocasión se dejó un documento en Contraloría que es posible leer justo abajo: