Ley de instrucción primaria y su importancia para el mundo educativo

A 100 años de la promulgación de una de las leyes educativas más importantes de Chile, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, se hace imprescindible resaltar su significativo valor pues permitió el acceso de los sectores más populares a la educación, hecho trascendente en la historia de la enseñanza chilena.

En este día también se celebra el día de la profesora y el profesor normalista. Educadores con gran compromiso social y una vocación sin límite, quienes con sus ejemplos de vida enseñaron valores y modos de responder de manera asertiva a los problemas que se suscitan en una sociedad cada vez más compleja.

La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria es aprobada por el Parlamento en 1920, tras un largo debate que duró décadas enteras, asegurando la gratuidad de la educación primaria fiscal para toda la población e introduciendo la obligatoriedad de la misma, al tiempo que aceleraba la alfabetización del país. Previo a esta ley, el 48,4% de la población era analfabeta, y de entre los niños entre 5 y 15 años, solo el 17% de ellos asistía a clases.

Posteriormente se crea el Instituto Pedagógico, con la finalidad de formar profesores secundarios, buscando revertir la tendencia de las “salas vacías”. Para fortalecer esta labor, se creó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920.

La normativa introdujo los siguientes cambios:

  • Estableció en su artículo primero la obligatoriedad de 4 años de enseñanza básica para todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, castigando con presidio en grado mínimo o multas a los padres que “en el propósito de eludir las obligaciones que impone esta ley o de limitar el período de cumplimiento, diese información falsa acerca de la edad de su hijo o pupilo en el momento de la matrícula”.
  • Obliga a los dueños latifundistas a crear escuelas con recursos propios para los campamentos mineros y talleres (fábricas), que reunieran determinada cantidad de personas. Si estos privados no cumplían la ley, serían multados económicamente.

El 29 de agosto de 1920, el centro de Santiago vivió un día entero de celebración tras la publicación de esta ley. El desfile fue encabezado por el mismo Darío Salas, que era el Inspector General de Instrucción Primaria. En el Palacio de La Moneda los marchantes fueron recibidos por el presidente Juan Luis Sanfuentes, ministros de estado y otra serie de autoridades.

Era el fin de una etapa de nuestra historia social y el comienzo de una nueva. En las palabras de María Loreto Egaña: “con propiedad (esta ley) puede ser considerada como el 2° hito más significativo, en el desarrollo institucional de la educación primaria, que, a su vez, imprimió una determinada orientación al desarrollo futuro de ésta”

Saludamos entonces a los que con su lucha lograron que esta legislación fuese una realidad y a los profesores normalistas que con su ejemplo de servicio y entrega iluminan la senda de los actuales docentes de este país.

Sandra Araya Henríquez

Vicepresidenta Regional Metropolitano

Colegio de Profesores de Chile




Digresiones sobre el uso de las TICs en la escuela chilena

Desde el Departamento de Educación de nuestro Regional, a cargo de la profesora y Vicepresidenta Metropolitana Sandra Araya, se comenzarán a difundir una serie de columnas de opinión y reflexión que nos son útiles para estos tiempos tan difíciles que vivimos.

A continuación la columna del colega Simón Collao que fuera publicada en el sitio: https://pensamientodocente.cl/

Desde el año 2009 un porcentaje importante de los escolares del país, al momento ingresar a séptimos básico, reciben un computador mediante el programa yo elijo mi pc . Esto ha funcionado como un apoyo escolar por haber asistido a clases dentro del sistema educativo nacional según lo que se les exigía y solicitaba.  De esta manera, por ejemplo, en el año 2019 se entregaron ciento treinta mil laptops en las escuelas municipales y subvencionadas de manera directa a los alumnos que cumplieran con ciertos criterios: presentar un rendimiento académico medio alto (En caso de estudiantes del sistema subvencionado) y pertenecer al porcentaje más vulnerable de la población. La justificación de esta política pública se plantea como una medida para superar la barrera digital que impera en nuestro país, tanto entre la gran diferencia socio cultural imperante en nuestra sociedad, como entre los mismos establecimientos educativos, los cuales presentan una alta diversidad estructural ya en sus diversos niveles (Liceos bicentenario, técnicos, etc.).

Bajo estas premisas uno esperaría llegar a la sala de clase y poder llevar a cabo aprendizajes basados en proyectos los cuales utilicen como herramienta central el computador en cuanto espacio investigativo, de construcción de textos o material audiovisual sin mayores inconvenientes, pero claro, la realidad dista bastante de esto. La última vez que recuerdo haber visto un laptop de la “juna”, era con cierto alumno que batallaba por hacer correr Minecraft en dicho computador. De esta misma manera muchos docentes nos hemos enfrentado a la situación de tener que explicarles a estudiantes de enseñanza media qué es un correo electrónico y cómo se utiliza, o intentar explicar insistentemente que Whatsapp no es un medio oficial de comunicación.

El diagnóstico del estado de actual de las cosas en términos de políticas educativas respecto uso de herramientas digitales se supone lo podemos rastrear en el último SIMCE de competencias digitales, aplicado por última vez el 2013, el cual arrojó  que  “46,9% de los estudiantes se encontraban en un nivel inicial respecto a competencias digitales. Es difícil construir un análisis de la situación actual tomando en cuenta lo desactualizado de los datos, pero resulta que el instrumento evaluativo no se ha vuelto a aplicar, lo que me parece preocupante. Si vinculamos estos datos con la perspectiva que se supone nuestros estudiantes son nativos digitales, el asunto parece no tener mucho sentido, dado que se esperaría que con los resultados fueran bastante diferentes y el desempeño respecto al uso de TIC de los estudiantes hubiesen sido mucho mejores, y por otro lado, los laptops entregados por el gobierno aparecieran de manera natural en la sala de clase para su uso didáctico.

Para poder entender la forma en que las TICs se han integrado dentro del sistema educativo chileno tenemos que dirigirnos hacia la aparición del proyecto Enlaces en cuanto a estructura y funcionamiento. Enlaces nace como proyecto piloto en 1992, iniciando su expansión nacional hacia el año 1995 como una red coordinada por el ministerio de educación que vinculaba universidades públicas, privadas y empresas del rubro informático. La idea era integrar dentro de las aulas de todo el país el uso de herramientas TIC, asumiendo que esto generaría necesariamente un impacto positivo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en los distintos niveles y distintas asignaturas. A más de veinte años del inicio del proyecto, los resultados han estado lejos de ser los esperados, si a esto le agregamos la contingencia actual, las deficiencias del sistema educativo chileno en cuanto al uso de TICS saltan más que a la vista.

En estos días vemos grupos de padres desesperados que vía Whatsapp u otro medio se encuentran recibiendo cientos y cientos de guías para, de alguna u otra manera, mantener el proceso educativo de sus hijas e hijos desde sus casas, mientras al mismo tiempo, los profesores hacen lo que pueden desde sus lugares para poder interactuar con sus estudiantes y ver de qué manera pueden logran los objetivos de aprendizaje en un contexto como el presente. Pareciera que plataformas como moodle o google classroom pertenecen a una galaxia muy lejana y si no es por ciertos esfuerzos individuales de profesores o ciertos establecimientos educativos específicos, pareciera que no hay propuestas serias por intentar mantener sistemáticamente los procesos didácticos. Ya todos deberíamos estar de acuerdo en que enviar guías en pdf para la casa es por lo menos deficiente en cuanto proceso pedagógico, y esperar que mágicamente el trabajo para la casa esté resuelto en el correo electrónico del profesor mediante una foto, es algo bastante distinto a lo que se entiende por educación a distancia, o como se estructuran experiencias educativas que sí funcionan como los cursos  MOOC.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que jamás se lograra concretar a nivel nacional en los establecimientos del estado alguna interfaz digital (aplicación web, página, intranet etc.) entre estudiantes , apoderados y profesores, y es bien probable que esto en realidad nunca fuese una prioridad, o sentido como una necesidad inminente por parte de la estructura burocrática del ministerio de educación,  por esto se entiende que si bien el ministerio declara una política en la implementación de TICS en las escuelas, el foco del proyecto Enlaces se reduce a una fuerte inversión en hardware, pero un escaso apoyo y capacitación para las comunidades educativas. ¿Te imaginas poder revisar en tiempo real la asistencia y calificaciones de sus estudiantes a través de su celular? Cuántos dolores de cabeza y situaciones absurdas,  (como no tener acceso al libro de clases en las horas no lectivas, o tener que calcular a mano qué estudiante está en condición de repitencia, o cerca de ello) nos ahorraría esto, y no es como que hubiese que generar una gran plataforma de machine learning para solucionar el problema, con un buen uso de la nube y planillas de cálculo, el programa podría estar funcionando hace bastante tiempo. Entonces la pregunta que emerge es evidente: durante este casi cuarto de siglo de proyecto Enlaces ¿cómo no se ha podido integrar de manera consistente el uso de las TICS como un apoyo al proceso pedagógico? La respuesta nos remite al estado chileno y su desconfianza patológica respecto a las competencias de los docentes que trabajamos dentro del sistema. Es decir, cuando revisamos el funcionamiento e implementación del proyecto Enlaces, la preocupación inicial fue la adquisición de hardware para todas las escuelas con subvención estatal, por ejemplo: entre los años 1995 y 2002 se invierten 123 millones de dólares en el proyecto. No obstante, luego de la respectiva instalación de la sala de computación (sala enlaces) en los establecimientos educativos del país, esto no fue seguido con una política seria de capacitación en el uso de herramientas digitales para los docentes, así repentinamente encontramos la aparición de nuevos OA respecto al uso de TICS como medidas impuestas desde la construcción del currículum y los planes de estudio, sin una vinculación masiva con las comunidades educativas, en sus variados niveles.

Por poner otro ejemplo, en un liceo donde trabajé, cuando llegué allí vi que tenían instaladas en la pared de la sala enlaces una muy interesante pizarra interactiva, mi entusiasmo como profesor joven que se integra al sistema pensó de inmediato en cómo usar aquel juguete para hacer un poco más “dinámicas” mis clases, o quizá para mi propio disfrute, pero la sorpresa que me llevé no fue menor; cuando investigué, me informaron que aquellos equipos jamás habían sido configurados y que se suponía el cd del software se encontraba en alguna parte, pero que en realidad lo único que había pasado era que los técnicos lo habían montado en la pared y nunca nadie las había hecho funcionar, ni había sido capacitado para ello. Mis colegas podrán dar fe que ejemplos de este tipo tenemos por montones dentro del funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos, así pareciera que la política ha sido durante todos estos años comprar hardware que nadie sabe para qué se va a usar, a pesar de que el currículum declare lo contrario, asumiendo que el estudiante con el solo hecho de tener un PC o Tablet va a aprender más y mejor.

Dicho esto, no es de extrañar el desastre administrativo que mantiene el sistema educativo en este contexto de crisis, no hay base de datos de email de apoderados, ni software educativo funcionando a gran escala (por lo menos no por parte del ministerio), ya que una página web con guías anunciada con tanta pompa por el presidente dista mucho de ser esto.

El resultado del análisis se deriva casi automáticamente, lo que hemos tenido en inversión en TIC en el sistema educativo se ha centrado en la adquisición de hardware, esto sin las políticas de capacitación digital tanto para docentes como para estudiantes, entregándonos los resultados que hoy en día podemos ver: una institucionalidad digital en materia educativa inexistente y, en este quiebre, la desesperación de los distintos espacios educativos por buscar formas de solucionar la contingencia. Pero, en la utopía pedagógica que imaginamos con algunos colegas, estas plataformas deberían estar funcionando desde hace bastante tiempo. Yo por ejemplo preferiría en estos momentos cargar una unidad completa para dos meses en una Moodle u otra plataforma parecida con  evaluaciones, foros, consultas, enlaces externos y demases, en vez de tener que mandar una guía generada para la contingencia por wasap u otra vía que se tratar de salvar como sea.

Esperemos que el contexto actual nos ayude a evidenciar en la prehistoria en que se encuentra el sistema educativo chileno respecto uso de las tecnologías educativas,  y logremos generar un cambio en el paradigma desde cómo se piensa la escuela respecto a las toneladas (terabytes) de información que están recibiendo nuestros estudiantes día a día desde las distintas aplicaciones móviles y páginas webs  y sean conscientes de la necesidad de capacitar a docentes en el uso de plataformas digitales ( usando las que ya están disponibles o gestionando nuevas) de manera seria, e integrando esto verdaderamente en la administración del funcionamiento de las escuelas, sin que esto signifique más agobio laboral con capacitaciones fuera de nuestro horario de trabajo, sino una verdadera ayuda en el desarrollo la labor pedagógica. Los fondos no pueden estar puestos en comprar y comprar computadoras y tablets que quién sabe para qué van a ser usados, sino en usar lo que ya tenemos, dar acceso a wifi a nuestros estudiantes, y lograr integrar al docente como un verdadero mediador de la información que circula en la red, con los tiempos y recursos que esto significa.


Simón Collao Pérez

Profesor de Lengua y Literatura
Magister en Estudios Cognitivos

[1] Forma coloquial en que los estudiantes se refieren a la Junta nacional de auxilio escolar y becas.

[2] En abril del año 2019 contraloría nacional de la república definía mediante el dictamen N° 035523N16, que la aplicación Whatsapp no puede ser considerado un medio oficial de información.

[3] Tenemos conocimiento del actual uso de plataformas para la gestión de la asistencia y calificaciones en las escuelas como Napsis u otras, pero estas funcionan en la práctica como meras herramientas burocráticas entre el sostenedor y el equipo directivo, en vez de ser herramientas que ayuden verdaderamente a la labor del docente.




¿Quién está a la cabeza de la Dirección General de Educación?: Columna de dirigente Patricia Muñoz

Todos nos hemos quedado ‘helados’, con el instructivo enviado desde la Dirección General de Educación, cuyo foco es el trabajo del libro de clases, algo que además de extemporáneo es bastante irreal dado el contexto de pandemia que hoy vive nuestro país. Por ejemplo en la letra C de dicho documento se indican visitas domiciliarias a los estudiantes que no se han conectado desde hace dos semanas o desde el inicio de la suspensión de clases presenciales.

Los muertos por COVID aumentan día a día, todos estamos en cuarentena absoluta y esta autoridad llama a hacer visitas domiciliarias: un desacierto más de este Gobierno que pone tantos “pitutos” políticos en los cargos que, de Educación, tienen escasa idea.

Me sentí muy feliz cuando escuché la respuesta inmediata de nuestro Presidente Nacional, al dejar al desnudo a este personaje de cero empatía, desconocedor absoluto de la pandemia mundial y que envía al sacrificio a los profesores sin ningún miramiento, desconociendo el enorme trabajo que realizan día a día los profesores, con amanecidas y mil tareas diarias que los agobian.

Me llamó la atención esta desconexión con la realidad y la rigidez de su estructura mental que se observa en el documento Ord: N° 5 del 18 de junio del 2020.

Me parece interesante recordarles de dónde proviene y sus nexos, para comprender sus desaciertos y qué significa para estos señores la Educación. En esto, me encontré con una publicación del medio Interferencia, que nos aclara quién es y cuáles son los nexos políticos y familiares de este Director tan lejano a la realidad del mundo, del país y por sobre todo, de los profesores.

Puede leer el reportaje de Interferencia aquí

¡No más abusos! ¡Chile Despertó!

Patricia Muñoz García

Directora Regional del Colegio de Profesores A.G.




Fuero gremial: otro gran logro del Colegio de Profesores

Columna de opinión del Presidente Metropolitano de nuestro gremio docente: Carlos Díaz Marchant.

“Hoy se publicó en el Diario Oficial la ley 21.231 modificando el estatuto docente para otorgar fuero laboral a los dirigentes del Colegio de Profesores.

Este es un enorme logro para el magisterio nacional pues va en directo resguardo y protección hacia quienes son los representantes de los docentes a nivel comunal, territorial, provincial, regional y nacional.

La demanda por contar con fuero gremial es una larga aspiración del profesorado nacional, desde la vuelta a la democracia esta ha sido siempre una petición planteada por nuestro gremio la cual ha sido conseguida 30 años después de ser solicitada. Por ello es histórico este logro.

Contar con fuero gremial significa que se terminan los abusos y amenazas en que incurren muchas veces los empleadores contra los dirigentes del magisterio, al estar desprovistos de herramientas que le permitan defenderse contra estos abusos. A lo largo del tiempo hemos tenido distintos casos de sanciones hacia dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores por representar a sus colegas, estas van desde amonestaciones, trasladados de sus establecimientos, reducción de horas y un sin número de presiones.

El caso más emblemático para nuestra organización es el abuso de poder y discriminación sufrida por nuestra presidenta de la comuna de El Bosque, la colega Paola Ossandón, quien fue despedida injusta y arbitrariamente por ejercer su cargo y defender a sus colegas. Como lo señalaron los tribunales de justicia el alcalde Sadi Melo, socialista, discriminó a nuestra colega y actuó abusando de su poder. Si esta ley de fuero gremial hubiese existido la canallada de Sadi Melo no se habría producido y la presidenta de El Bosque no habría sido despedida.

Es muy importante valorar y reconocer este nuevo logro de nuestra organización en este período encabezado por el presidente Mario Aguilar. Este se une a otras conquistas conseguidas en este período como la ley que dio titularidad a las horas de extensión, la ley para terminar con los despidos por salud incompatible, la ley que otorgó titularidad a los  docentes a contrata, entre otras. Gracias a la movilización del profesorado nacional y a la labor encabezada por nuestro colega Mario Aguilar podemos hoy contar con estos cuerpos legales que benefician al profesorado”.




Columna de profesora santiaguina: “Ira ante la injusticia”

¿En qué planeta vive Sr. Ministro de Educación? Como se nota que jamás ha estado en aula, como se nota que no tiene idea de educación pública.

¿Qué cree que gana manteniendo las escuelas públicas abiertas con sus famosos turnos éticos? Déjeme decirle que absolutamente nada.

Los únicos lineamientos que llegan “desde arriba”, es seguir mandando material a casa de los y las estudiantes para que no vean interrumpido su proceso pedagógico. Pero déjeme contarle que una vez que vuelvan a las salas de clases, todo eso habrá servido para nada y ahí estaremos los y las profesoras, al pie del cañón como siempre, prestando oído y apoyo para escuchar cómo vivieron este “encierro”, esta “pandemia”, contándonos probablemente lo que tenían que comer a diario por la escasez o lo que definitivamente, no comían a diario; contándonos quizás, que su papá o  mamá o sus abuelos o con quién sea que vivan, quedaron sin trabajo porque por salud no podían asistir a trabajar, o porque su empresa simplemente los despidió o por quién sabe qué otros motivos, aprovechándose y culpando a la contingencia. También nos contarán de las “maromas” que tuvieron que hacer para poder completar esas tareas que les mandaron sus profesores, para no dejar de cumplirle a “la tía”. O que tuvieron que estar solos por largo tiempo en sus casas y así un largo etc.

Y luego de todo eso, habrá que volver a retomar contenidos que ya se habían enviado a casa pero que, seamos claros, era “sólo por cumplir” las estupideces que a ustedes se les ocurren, donde a pesar de las innovadoras estrategias que se les ocurran a mis colegas (¡porque pucha que se esmeran!), no van a ser efectivas. Y así, de vuelta a las aulas, lo tendremos que ver todo de nuevo.

¿Por qué no piensan ustedes en la inequidad de esta situación, en los contextos sociales que hay detrás de las Escuelas Públicas?

Dígame Sr. Ministro: ¿qué pasa por su cabeza que cree que los niños y niñas que asisten a la educación pública, cuentan todos con computadores e impresoras en sus casas para poder imprimir esas tareas? Y es que no basta con que ud. diga que lo hagamos de la manera “más amigable posible”, “para no agobiar”, “para no estresar” porque eso es falso. Porque las familias no tienen los recursos ni el tiempo para ello.

¿Cuántos apoderados y apoderadas preocupados preguntando qué pueden hacer al respecto, en qué horarios va a abrir la escuela para entregar material impreso en sus famosos turnos éticos, cómo lo van a hacer ahora que tenemos cuarentena total? Cuarentenas en que docentes y familias se exponen a diario al contagio, por el simple hecho de tener que responder a sus equivocados lineamientos.

Realmente usted no tiene idea de nada Sr. Ministro.

Sus negligencias me tienen asqueada. Me gustaría que por una sola vez en sus vidas, entendieran y vieran el contexto detrás de nuestro sistema educativo, ese que día a día ustedes abandonan, invisibilizan, ése del cual ustedes se mofan.

Realmente no tienen idea.

Atte.

Esta profesora que seguirá intentado “hacer algo al respecto”.

Stefanía Gutierrez

Docente de la comuna de Santiago




COLUMNA DE OPINIÓN: Política Educacional fallida: urge uso de TV abierta para fines educativos

Las causas del estallido social en Chile han sido enunciadas y explicadas  desde sus inicios. Estas han generado el hastío en la población que se ha rebelado contra el modelo. Estas características que han predominado en nuestro sistema político desde el retorno a la Democracia son 3 y orientan el quehacer del Estado y los partidos políticos: Insensibilidad, Ineficiencia y Corrupción. Éste modelo que beneficia ampliamente al Capital por sobre el trabajo, es decir el dinero sobre el  ser humano, ha generado una desigualdad pocas veces vista, segregando y abandonando a un alto porcentaje de la población, entregando sólo los privilegios a una minoría empresarial, a una burocracia estatal y política que ha sido el muro de contención de las demandas de la gente y han profundizado este modelo económico. Hoy, éste gobierno, frente a la mega crisis sanitaria, continúa actuando con la misma lógica de mercado que genera desigualdades e injusticias, implementando soluciones parches, no atendiendo la realidad y el clamor popular de nuestro país.

En el ámbito de la salud no existe un resguardo preventivo adecuado para proteger a la ciudadanía. En el ámbito educacional se han interrumpido en forma tardía las clases, pensando más en los intereses de los propietarios y sostenedores de los establecimientos que en la salud de las comunidades educativas. Han propiciado sustituir las clases presenciales por clases vía online, sabiendo que  un porcentaje importante de la población,  sobretodo en los sectores más pobres y rurales, no existe la conexión a Internet ni tampoco cuentan con el equipamiento computacional necesario para realizar dichas tareas. Es más, muchos docentes no cuentan con tal infraestructura. Desde lo pedagógico las clase online tienen 2 grandes debilidades: la primera es la ausencia de una cultura de auto formación en un porcentaje importante de nuestros estudiantes. La segunda, es que no existe una explicación directa y adecuada de las actividades a desarrollar.

Ante esta pobre visión del Estado es que proponemos que se genere un programa educativo – formativo a través de  la televisión abierta, dando el uso y función que debe tener esta herramienta comunicacional al servicio de la ciudadanía. Además es sabido que en todas las casas del país existe un televisor, incluso en los lugares más apartados de nuestra geografía, el cual no tiene costo de conexión, por tanto es de acceso universal.

La condición para llevar a cabo esta iniciativa es que sean docentes quienes realicen la selección y sistematización de los contenidos y recursos didácticos educativos a programar, esta modalidad no solo permite una mayor cobertura sino que nos permite desarrollar actividades de manera lúdica, cercana, explicativa práctica  para el cumplimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes.

Es importante señalar, que a propósito de la emergencia existen recursos educativos ya diseñados y muchos de ellos se encuentran en instituciones gubernamentales como los Ministerios de Cultura y Educación, solo se requiere seleccionar y poner en un plan progresivo de acuerdo a los contenidos y habilidades que se quieran desarrollar.

 

Doris Cid Viveros

Docente Isla de Maipo




Columna en El Mostrador de Carlos Díaz Marchant denuncia crisis en Servicios Locales

Una amplia difusión ha logrado la reciente columna escrita por el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant.

El Mostrador fue el medio que publicó esta denuncia relativa a la crisis que viven los Servicios Locales de Educación que están a cargo de la “desmunicipalización” que se origina en la ley de Nueva Educación Pública.

Todo esto nos refuerza en nuestra certeza de que ¡Esta NO es nuestra desmunicipalización!

LEA LA COLUMNA AQUÍ




Columna sobre fallo del TC y necesidad de nueva Constitución

El importante portal nacional de noticias, “El Desconcierto”, publica nuevamente una columna de opinión de nuestro presidente regional, Carlos Díaz Marchant. Esta vez el texto trata sobre el nefasto fallo del Tribunal Constitucional que repuso el lucro en nuestra legislación que rige a la educación superior, pero ligándolo a la necesidad de una nueva institucionalidad más democrática y por tanto: de una nueva Constitución Política del Estado.

HACIENDO CLICK EN ESTE LINK PUEDES LEER LA COLUMNA COMPLETA




Análisis en 20 puntos: “nueva Ley de Educación Pública mantiene pilares del actual modelo”

 

El parlamento despachó la ley de Nueva Educación Pública o Desmunicipalización, ley largamente anhelada por los docentes pues por más de 30 años hemos sufrido con la municipalización. Esperábamos la vuelta de los colegios al estado, el fortalecimiento de la educación pública y la instauración de un nuevo modelo que revirtiera, en profundidad, el actual sistema estandarizado que rige la educación chilena. Lamentablemente nada de esto ocurrió y el gobierno, en acuerdo con la derecha, promulgaron una ley que mantiene intactos pilares esenciales del modelo existente.

El cuerpo legal está contenido en 191 páginas, con 84 artículos permanentes y 55 transitorios. Se crean los Servicios Locales de Educación (SLE), el primero parte a inicios de 2018 y comprende Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia. El segundo lo hará a mediados de 2018 en Coquimbo y Andacollo.

El acuerdo de última hora entre gobierno y derecha empeoró aún más esta ley, de hecho el artículo 6° transitorio da atribuciones al próximo Presidente de la República para modificar el calendario de instalación, permitiendo que el último SLE inicie recién en 2030. Además el artículo 7° transitorio crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que faculta al próximo gobierno a evaluar el sistema en 2021, para tomar determinaciones respecto de su continuidad. El acuerdo gobierno – derecha concordó también la redacción del artículo 10° transitorio que permite a las municipalidades o corporaciones municipales solicitar no ser traspasadas al SLE en los plazos contenidos en esta ley. Todo esto produce más incertidumbre respecto del futuro de la educación pública, alargando exageradamente los plazos y permitiendo la coexistencia, por años, de 2 tipos de educación pública: municipal y SLE.

Marchas, campanazos, velatones, conversaciones con diputados, senadores y autoridades ministeriales, caminata a Valparaíso e incluso un paro nacional de docentes fueron los medios a través de los cuales nos hicimos escuchar como gremio. Ahí está la reducción a 35 alumnos por curso (artículo 19°) y frenamos los intentos de generar una segunda deuda histórica (artículo 34° transitorio). Esto último es un gran logro de la actual conducción del Colegio de Profesores pues no existía ninguna voluntad de parte de los alcaldes, ni del gobierno, por resolver esta situación.

20 Puntos críticos de la Ley de “Desmunicipalización”

1.- Cambia a quien administra el sistema escolar (municipios), pero mantiene el mismo modelo.

2- La Dirección de Educación Pública es un órgano “dependiente” del Ministerio de Educación, pero el Ministerio no administra la educación pública.

3.- No se cumple nuestra demanda histórica de que los colegios y liceos vuelvan al estado.

4.- Ley mantiene la figura de sostenedores (artículo 9° transitorio). Pasaremos de 350 sostenedores (municipios) a 70 sostenedores (SLE).

5.- Sigue la competencia entre sostenedor público y privado por la obtención de recursos.

6.- Se mantiene facultad de cerrar escuelas y liceos públicos (artículo 18, letra k).

7.- Se otorga facultad de cerrar especialidades en enseñanza media técnica-profesional (artículo 18°, letra l).

8.- Alcaldes siguen con plenos poderes: artículo 29° crea Comité Directivo Local (CDL) que tiene la facultad de proponer al Presidente de la República la terna de nombres que definirá al Director Ejecutivo del SLE; define el perfil profesional del cargo; propone prioridades para el convenio de gestión del SLE, solicita remoción del director del SLE; entre otras atribuciones. El CDL lo conforman 2 representantes de los alcaldes, 2 de los Centros de Padres y 2 representantes del gobierno regional. Los trabajadores (docentes y asistentes) no tienen representación en este organismo.

9.- Mantiene actual sistema de financiamiento, por subvención según asistencia media.

10.- Se imponen y mantienen actuales criterios de mercado en la educación pública: firma de convenio de gestión educacional (artículos 17°, 39°, 40°, 41°, 42° y 43°), metas, eficiencia, indicadores y medios de verificación, entre otros aspectos.

11.- Pruebas estandarizadas mantienen rol determinante en la evaluación del sistema.

12.- No se fortalece ni descentraliza la educación pública

13.- No aparece un nuevo proyecto educativo para la educación pública: si bien los primeros artículos hablan de educación integral y desarrollo pleno del ser humano, se mantiene en esencia el mismo modelo escolar que hoy nos rige basado en estándares y mediciones sesgadas, manteniendo el actual currículum academicista, fragmentado y sin pertinencia.

14.- No se propicia un sistema nacional, articulado, de educación pública estatal.

15.- No aparecen medidas reales, concretas y efectivas para fortalecer la matrícula pública.

16.- No existe en la ley un plan nacional de apertura de escuelas y liceos públicos.

17.- Artículo 49 crea los Consejos Locales de Educación, órgano con atribuciones más bien decorativas y no resolutivas (representar, comunicar, proponer, asesorar, emitir opinión, elaborar informe, requerir antecedentes, vincularse).

18.- Representantes de trabajadores en Consejos Locales son minoría (esta instancia la integran dos estudiantes, dos apoderados, dos docentes, dos asistentes de la educación, un representante universitario, otro de centro de formación técnica y dos de equipos directivos).

19.- Funciones y atribuciones del director ejecutivo del Servicio Local son muchas y se asemejan a los poderes que hoy tienen los alcaldes.

20.- Uno de los órganos creados con esta ley y que tiene mayores poderes es el Comité Directivo Local, en el cual docentes y asistentes de la educación no tienen representación. Este comité lo forman alcaldes, gobierno regional y apoderados.

Carlos Díaz Marchant

Presidente Regional Metropolitano – Colegio de Profesores




Una Educación verdaderamente Pública: Reflexión de un profesor

Enrique Peña Verdugo

Profesor

(Con ocasión de la lamentable aprobación de un proyecto de ley que creará un sistema de educación que no es sistema, de una educación pública que no es realmente pública.)

Al parecer nadie, excepto algunos neoliberales recalcitrantes, pretende  presentar argumentos para defender el modelo educacional municipalizador y subvencionado por ‘vouchers’ a la asistencia de los estudiantes: hasta en el propio ministerio considera que ello es parte característica de la educación mercantil, pero a la vez, piensa que hoy no están las condiciones para aventurarse a un cambio; es la política de “en la medida de lo posible”, actitud de excesiva prudencia, rayana en lo timorato.

Valga el exabrupto anterior para poner el marco de la reflexión que se presenta a continuación.

En qué pueda consistir lo público de un sistema nacional de educación, se mezcla precisamente con el hecho de que debe ser gratuito y de calidad. Y para que sea sistema, la educación debe estar teñida longitudinalmente con estas características: pública, desde la modalidad Parvularia hasta la Universidad; gratuita, desde Parvularia a la Universidad; de calidad, desde Parvularia a la Universidad.

No serán el foco de este escrito ni la calidad ni la gratuidad, sino lo público de la educación. La gratuidad de la modalidades de Educación Parvularia, Básica y Media es una evidente necesidad, pero que debe extenderse de la misma manera a la Educación Superior, es decir, la gratuidad de la Educación debe ser universal. También es evidente que la calidad de la Educación debe ser el eje del sistema, pero ella no puede restringirse a ciertos resultados de evaluaciones estandarizadas: la calidad debe estar referida en primer lugar a la satisfacción de las necesidades educativas de la comunidad escolar que se atiende, y así mismo debe estar referida al logro de los perfiles de egreso de los estudiantes como sistema, en sus distintos puntos de salida.

Pero el foco de este texto es lo público de la educación, pues de esto derivan la gratuidad y la calidad. Que el sistema nacional de educación sea público significa primeramente que el Estado tiene y mantiene una tutela directa de las escuelas, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde lo administrativo y financiero.

Actualmente, los congresistas han aprobado el proyecto de Nueva Educación Pública que promovió el Ministerio (con leves desacuerdos en el tema de los plazos de aplicación y otras minucias que no remecen los cimientos de la municipalización), que pretendía lograr la desmunicipalización de las escuelas, y lo que queda de fondo es más bien un proceso de des-alcaldización del sistema, lo que no está mal, dadas las dolorosas experiencias en algunos municipios, pero, ¿ qué de público tiene un “sistema” que mantiene la figura del sostenedor, y en el que participan casi los mismos actores que en la municipalización más otros privados, a quienes se suman profesionales electos por Alta Dirección Pública (procedimiento que no ha pasado de ser un mal chiste)?

Es al menos dudoso que la Nueva Educación Pública ministerial propicie avances en lo público precisamente, pues propone desconcentrar cuando debe unificar: los organismos ya creados antes de pensar en desmunicipalizar, Superintendencia[1] y Agencia de Calidad, han provocado desconcierto, mayor carga de trabajo en las escuelas, y han desperfilado el rol del propio Ministerio de Educación, y si a ellos se les agrega una Dirección de Educación Pública con sus Servicios Locales (ambos organismos con una cierta autonomía, que replica la de los ya creados), se tendrá una estructura educacional parcelada, donde lo sistémico difícilmente podrá ser identificado, y, lo que es peor aún, se configura un Ministerio altamente complejo y desperdigado. De hecho, podrían llegar a ser compartimentos estancos, compitiendo por una eventual supremacía de poder: el Ministerio, dedicado a la orientación pedagógica; la Dirección de Educación Pública, consagrada a la administración de recursos; la Superintendencia, fiscalizando el uso de los recursos; la Agencia, evaluando una concepción de calidad educativa con estándares definidos como normativos.

¿Quién dirige entonces, quién conduce el sistema? ¿El Jefe del Departamento Provincial o el Secretario Regional Ministerial? ¿El Superintendente? ¿El Director de la Agencia de Calidad? ¿El Director Ejecutivo del Servicio Local o el Director de Educación Pública?

El contacto directo con las escuelas siempre ha radicado en los Departamentos Provinciales de Educación, en sus Supervisoras y Supervisores, y no se ve ninguna razón para que dejen de tenerlo y sean sustituidos por otro organismo. Ellas y ellos, en su mayoría docentes, conocen con detalle el acontecer de los centros educativos.

Implementar las orientaciones pedagógicas, la distribución de los recursos, la supervisión cercana de su uso, y la evaluación de los procesos y resultados en las escuelas son tareas propias de un Ministerio de Educación y de un Estado que se hacen cargo de la educación como un derecho social. Actualmente, los equipos técnicos de los Departamentos Provinciales “intervienen” con sugerencias en todos estos ámbitos, especialmente cuando orientan la confección de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME)[2]. Si estos equipos son reforzados en los aspectos administrativos, financieros y contables, y, a su vez, se replican estos refuerzos en los Consejos Escolares y equipos directivos de las escuelas, el Ministerio podría prescindir de las estructuras que ha venido creando y que está por crear.

Este vínculo estrecho entre las supervisoras y supervisores técnicos con las escuelas, a través de visitas periódicas directas y del funcionamiento en redes de colaboración entre ellas, es la relación óptima para que se configure un verdadero sistema educacional. Es decir, una relación directa en la que el Ministerio y las escuelas forman parte de un mismo y único sistema, de modo que los profesionales y asistentes que laboran en las escuelas sientan que son verdaderamente funcionarios públicos, así como los estudiantes y apoderados tengan clara conciencia de que todo el proceso educativo está respaldado por el Estado, y no por intereses de particulares.

Es cierto que, cincuenta años atrás, este mismo Estado demoraba seis meses y más en cancelar el sueldo de un profesional que ingresaba a la escuela, situación que un connotado asesor ministerial esgrimía como argumento para descartar al Ministerio como un ente centralizador de recursos. ¡Pero hoy existen las TICs, y apretando una tecla ya llegaron los antecedentes a cualquier lugar del mundo! Hace cincuenta años existían unos funcionarios llamados “habilitados” que, a punta de lápiz y papel, pagaban en efectivo el sueldo mensual de cada docente, de cada auxiliar de la escuela. ¡Hoy existen la planilla Excel y la tarjeta bancaria!

Pero no solamente la presencia del Ministerio en las escuelas es suficiente para que el sistema educacional sea verdaderamente público, gratuito y de calidad. Lo que concreta estas características del sistema educacional es el modo de financiamiento: ya sea que en un curso haya matriculados cinco estudiantes como mínimo o veinticinco como máximo, el Estado deberá otorgar los recursos profesionales y materiales para dotar suficiente y equitativamente a todas las escuelas del país, de manera de asegurar por esta vía la calidad del sistema educativo y su gratuidad, invirtiendo para ello al menos el 7% del Producto Interno Bruto, como lo hacen la mayoría de los países que llamamos desarrollados[3].

Con ello se financia la docencia en todos los niveles educacionales, la investigación académica, el perfeccionamiento gratuito de los docentes, la formación Técnico Profesional con calidad, la proporción de cincuenta por ciento de horas aula versus horas no lectivas (incluso probablemente la co-docencia en Educación Parvularia, y Básica en Primer Ciclo: dos docentes por aula).

La reunión de todas las subvenciones que actualmente se entregan por estudiante-cliente, para prioritarios y preferentes, para mantención, para el Programa de Integración Escolar (PIE), para la retención, para la alimentación de todos los estudiantes que lo requieran, para sus útiles y textos escolares, los fondos especiales de apoyo a la gestión de la educación municipalizada (FAGEM) y el de apoyo a la educación pública (FAEP) y tantos otros; todos estos recursos reunidos permitirán ofrecer escuelas que puedan gestionar eficientemente los elementos necesarios para lograr satisfacer las necesidades educativas de la población escolar desde el inicio del año, a diferencia de hoy en que una parte considerable de los PME de los centros educativos comienza a desarrollarse solo en el segundo semestre de cada año.

Y por último, un sistema educacional verdaderamente público se completa con una real Carrera Docente, que permita que las profesoras y los profesores puedan acceder sucesiva y voluntariamente a cargos dentro del sistema descrito, en mérito a los años de servicio, a su perfeccionamiento, y sus competencias evaluadas por la comunidad educativa en relación con su práctica pedagógica, y no en función de evaluaciones estandarizadas, nuevamente, que les clasifican en tramos de calidad individual. Una Carrera Docente que genere la posibilidad que las profesoras y los profesores puedan devolver sus propios aprendizajes a las propias escuelas y liceos, concursando regladamente los diferentes cargos de coordinación, jefaturas, hasta la propia Dirección, incluido también el cargo de supervisor ministerial. Una Carrera Docente que respete el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], por la OIT[5] y por la Dirección del Trabajo[6], y les permita ejercer su profesión en cualquier ciudad del país en las mismas condiciones que en su escuela de origen, mediante una simple permuta. Una Carrera Docente que culmine, finalmente, en una jubilación por años de servicio con una pensión digna, de al menos el ochenta por ciento del sueldo en activo.

A pesar de la ominosa presencia de las aprobadas leyes de Nueva Educación Pública y de Carrera Docente, y por ello mismo, existen y subsisten numerosas opiniones y conceptos similares a los expresados en este escrito. Una norma errónea no precisa necesariamente de comprobaciones factuales para evaluar sus efectos: una ley se cambia con otra ley, y eso depende de la voluntad política de los gobernantes, convencidos de la necesidad y urgencia que el cambio y sus consecuencias son requeridos por los gobernados.

Es por esto por lo cual los nuevos gobiernos y los nuevos congresistas deberán considerar estas opiniones en su quehacer, y definir su posición frente a ellas, pues ellas expresan demandas hondamente sentidas por las comunidades escolares y por los profesionales de la educación, que no cejarán en su lucha por construir un sistema de educación verdaderamente público.

 

Enrique Peña Verdugo

Profesor y Presidente Comunal Huechuraba del Colegio de Profesores

 

 

Octubre, 2017.-

[1] Ley Nº 20529: SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012.

[2] Ley N° 20248, Art. 7° letra d)

[3] Gasto público en educación, total (% del PIB). Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). https://datos.bancomundial.org (aunque Cuba, que no es desarrollado, destina actualmente el 12%)

[4] Art. 19.2, 19.16, 19.22. Constitución Política de la República de Chile, 2005.

[5] Convenio Nº 100, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1951. (estatus de actualizado).

[6] Ord. Nº 3030/045 de 2010, Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile.