La instancia quedó integrada por parlamentarios de la UDI, RN, la DC, el PPD, el PS y el Partido Radical.

Éstos dirimirán 11 puntos de la iniciativa, y votarán durante la primera semana de octubre.

El Senado y la Cámara de Diputados conformaron el miércoles la comisión mixta que debe resolver los aspectos pendientes del proyecto de ley de Nueva Educación Pública, también conocido como “desmunicipalización”.

La instancia quedó conformada por los senadores Andrés Allamand (RN), Jaime Quintana (PPD), Carlos Montes (PS), Ena von Baer (UDI) e Ignacio Walker (DC), y por los diputados Germán Becker (RN), Jaime Bellolio (UDI), Manuel Monsalve (PS), Yasna Provoste (DC) y Alberto Robles (PR).

La ministra Adriana Delpiano señaló que la tramitación de la iniciativa se encuentra “en la recta final”, pues se trata de “un proyecto muy grande” donde están “acotadas 11 divergencias entre el Senado y la Cámara”.

Agregó que en la cartera ya “hay un equipo entero trabajando en todo lo que se puede hacer sin tener la ley aprobada, que es prever todas las situaciones que pueden venir”.

El objetivo es “que en diciembre tengamos ya las condiciones para que, en marzo, por lo menos en dos territorios del país, se pueda haber hecho el traspaso” de la administración de los colegios desde las municipalidades hacia los nuevos servicios locales, indicó la secretaria de Estado, quien puntualizó que la votación se efectuará tras el regreso de la semana distrital, al inicio de octubre.

Opinan los congresistas

Dentro de los 11 puntos en los que hay “divergencias” se encuentran la solución de las deudas de los municipios con los profesores, definir si en 2022 deberán ingresar todas las municipalidades al sistema, y los plazos de la gradualidad, que hasta ahora permanecen con pronóstico reservado.

“Esos artículos vamos a conversarlos con la derecha, son producto de nuestra posición como parlamentarios, no tienen que ver con el acuerdo del Gobierno. Hay cosas que el Gobierno tiene que ayudarnos a resolver, sobre todo el tema de los trabajadores”, comentó el diputado Alberto Robles.

El legislador radical adelanta que habrá “problemas”, en específico, con el artículo que “permite al Presidente postergar simplemente por decreto la puesta en marcha de un servicio local”, el que “permite que los alcaldes puedan postergar la entrada a los servicios” y “aquél que fija el nuevo sistema de evaluación, y que pone una fecha”.

“Esos tres artículos tenemos necesariamente que conversarlos para poder lograr, ojalá entre los parlamentarios, un buen acuerdo”, agregó Robles.

Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio acusó que la Nueva Mayoría está trabajando en esta materia con intencionalidad política. “Cuando el Gobierno dijo que tenía 16 semanas de plazo para echarlo a andar era porque están buscando una cuestión política: que la Presidenta Bachelet sea la que eche a andar los dos primeros servicios locales”, comentó.

“Ellos están ocupando ese argumento como presión para votar este proyecto, pero lo que deberían haber hecho era ordenar a sus propios parlamentarios, porque esto se cayó (en la Sala de la Cámara Baja) porque sus parlamentarios se les desordenaron y no cumplieron con un compromiso que el Gobierno había adquirido”, dijo Bellolio.

Vía Web de Radio Cooperativa

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Dirigentes Nacionales y Regionales del gremio docente, encabezados por los presidentes respectivos, Mario Aguilar y Carlos Díaz Marchant, asistieron a la sesión de la Cámara Alta de este miércoles 06 de septiembre en que trató la ley oficialista llamada de ‘Nueva Educación Pública’ (NEP) que supuestamente apunta a la desmunicipalización de la educación pública.

Díaz Marchant presenció toda la sesión y al finalizar afirmó; “acaba de concluir la votación del proyecto de ley. Se aprobó casi en su totalidad quedando sólo algunos artículos para ser votados en próxima sesión. El acuerdo Nueva Mayoría-Chile Vamos, quedó expresado con claridad en esta votación. Una vez más la clase política dominante legisla sin escuchar a los docentes (…) la jornada estuvo marcada por el acuerdo que se percibía por todos lados entre la derecha y la Nueva Mayoría, con todos sus Senadores haciendo alusión a este acuerdo unitario, felices desde ambos bandos, lo que contrasta con un texto legal híbrido y cuestionado por ciertos Senadores que sí plantearon reparos como la posibilidad de que los recursos podrían no alcanzar o el hecho que el 2021, con otro gobierno en el poder, se debe evaluar el proceso y allí definir si se sigue con éste o no”.

Pero aún quedan pasos por dar en el Poder Legislativo, el Presidente del Regional Metropolitano añade que “ahora lo que viene es el cierre de la discusión en el Senado durante la próxima semana, para pasar posteriormente a la Cámara Baja donde será analizado y votado. Nosotros seguimos insistiendo en que no se debe generar una ‘Deuda Histórica 2.0’ con los profesores, que no se debe mantener la figura del sostenedor y de que el financiamiento debe ser basal. Estos son elementos esenciales para que el proyecto de ley cambie de manera estructural”, finalizó.

En un video transmitido vía streaming del Facebook de la organización, Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, expresó su total rechazo al acuerdo arribado entre senadores de la Nueva Mayoría y Chile Vamos en la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

“Es una muy mala noticia: un nuevo acuerdo con la derecha para llevar adelante leyes. Primero porque se plantea la idea de que el 2021 se va a hacer un estudio y el próximo gobierno va a definir el futuro del sistema de educación  pública. También se le dan facultades a alcaldes que demuestren que han “hecho las cosas bien”, en un concepto muy confuso, para que puedan seguir con el sistema municipalizado, lo que generará dos sistemas de educación pública, atomizándolo todo”, afirma Díaz Marchant en dicho video.

El dirigente añade que: “El gobierno una vez más no escucha a los profesores ni a los movimientos sociales y opta por oír a RN y la UDI. De hecho en la Comisión de Educación del Senado, existía mayoría de los sectores de Gobierno por tanto no se entiende este acuerdo (…) El Proyecto ya era rechazado por el profesorado por diversas razones pero con este acuerdo, esto empeora pues se deja en manos de un futuro gobierno un porvenir impreciso de la educación pública” finaliza Díaz Marchant.

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