La instancia quedó integrada por parlamentarios de la UDI, RN, la DC, el PPD, el PS y el Partido Radical.
Éstos dirimirán 11 puntos de la iniciativa, y votarán durante la primera semana de octubre.
El Senado y la Cámara de Diputados conformaron el miércoles la comisión mixta que debe resolver los aspectos pendientes del proyecto de ley de Nueva Educación Pública, también conocido como “desmunicipalización”.
La instancia quedó conformada por los senadores Andrés Allamand (RN), Jaime Quintana (PPD), Carlos Montes (PS), Ena von Baer (UDI) e Ignacio Walker (DC), y por los diputados Germán Becker (RN), Jaime Bellolio (UDI), Manuel Monsalve (PS), Yasna Provoste (DC) y Alberto Robles (PR).
La ministra Adriana Delpiano señaló que la tramitación de la iniciativa se encuentra “en la recta final”, pues se trata de “un proyecto muy grande” donde están “acotadas 11 divergencias entre el Senado y la Cámara”.
Agregó que en la cartera ya “hay un equipo entero trabajando en todo lo que se puede hacer sin tener la ley aprobada, que es prever todas las situaciones que pueden venir”.
El objetivo es “que en diciembre tengamos ya las condiciones para que, en marzo, por lo menos en dos territorios del país, se pueda haber hecho el traspaso” de la administración de los colegios desde las municipalidades hacia los nuevos servicios locales, indicó la secretaria de Estado, quien puntualizó que la votación se efectuará tras el regreso de la semana distrital, al inicio de octubre.
Opinan los congresistas
Dentro de los 11 puntos en los que hay “divergencias” se encuentran la solución de las deudas de los municipios con los profesores, definir si en 2022 deberán ingresar todas las municipalidades al sistema, y los plazos de la gradualidad, que hasta ahora permanecen con pronóstico reservado.
“Esos artículos vamos a conversarlos con la derecha, son producto de nuestra posición como parlamentarios, no tienen que ver con el acuerdo del Gobierno. Hay cosas que el Gobierno tiene que ayudarnos a resolver, sobre todo el tema de los trabajadores”, comentó el diputado Alberto Robles.
El legislador radical adelanta que habrá “problemas”, en específico, con el artículo que “permite al Presidente postergar simplemente por decreto la puesta en marcha de un servicio local”, el que “permite que los alcaldes puedan postergar la entrada a los servicios” y “aquél que fija el nuevo sistema de evaluación, y que pone una fecha”.
“Esos tres artículos tenemos necesariamente que conversarlos para poder lograr, ojalá entre los parlamentarios, un buen acuerdo”, agregó Robles.
Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio acusó que la Nueva Mayoría está trabajando en esta materia con intencionalidad política. “Cuando el Gobierno dijo que tenía 16 semanas de plazo para echarlo a andar era porque están buscando una cuestión política: que la Presidenta Bachelet sea la que eche a andar los dos primeros servicios locales”, comentó.
“Ellos están ocupando ese argumento como presión para votar este proyecto, pero lo que deberían haber hecho era ordenar a sus propios parlamentarios, porque esto se cayó (en la Sala de la Cámara Baja) porque sus parlamentarios se les desordenaron y no cumplieron con un compromiso que el Gobierno había adquirido”, dijo Bellolio.
Vía Web de Radio Cooperativa
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