Representantes de diversos comunales del Colegio de Profesores, junto a dirigentes de los niveles Regional y Nacional, encabezados por sus respectivos presidentes: Carlos Díaz Marchant y Mario Aguilar, llegaron hasta la sede del Consejo de Defensa del Estado para hacer entrega de una misiva en la que se expresa el repudio y la denuncia de ‘presiones indebidas’ por parte de este Consejo hacia el Poder Judicial en el contexto de querellas interpuestas por docentes a lo largo del país, exigiendo el pago del Bono Proporcional (Ley 19.933) a sus empleadores: los Municipios.

En la declaración pública emanada desde el gremio se expresa además que “el dìa 22 de septiembre del 2017 el Consejo de Defensa del Estado se reunió con el pleno de la Corte Suprema, sin embargo los abogados de los profesores no han tenido ese privilegio, con lo que se vulnera el principio del debido proceso (…) Con posterioridad a esta reunión , la Corte Suprema comenzó a declarar nuevamente admisibles los recursos interpuestos contra las sentencias condenatorias a los Municipios”.

A esta denuncia agregan que “la Presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, declara a radio Bío Bío el 19 de noviembre, que ‘esta decisión de la Corte Suprema marca un precedente sumamente relevante al revertir la jurisprudencia que había sentado previamente el tribunal superior’. Cabe señalar que esta declaración fue hecha antes que se conozca el fallo, antes de su publicación”.

El Colegio de Profesores hace “un llamado a los Tribunales de Justicia, para que no se dejen presionar y que se respeten los principios del debido proceso y de igualdad ante la ley (…) solicitamos mantener la jurisprudencia vigente desde el año 2015, manteniendo este criterio uniforme para las causas pendientes”.

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El rechazo al cambio de criterio por parte de la Corte Suprema ante los fallos relativos al Bono Proporcional y la ley 19933, se ha agudizado dentro del gremio docente en las últimas semanas.

Hoy, el Presidente del Regional Metropolitano, Carlos Díaz Marchant, difundió un video en donde remarca la denuncia al tiempo que acusa de ‘injerencia indebida’ al Consejo de Defensa del Estado y sus autoridades. Todo en contra de los derechos de las y los profesores así como de los triunfos que se habían logrado hasta ahora en el Poder Judicial.

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Esta declaración expresa y argumenta la molestia por parte del Colegio de Profesores en su conjunto ante las recientes decisiones del Poder Judicial en relación al Bono proporcional y los criterios para su aplicación.

El gremio apunta a la injerencia indebida del Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Abajo podrás leer el comunicado completo.

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Los profesores de La Pintana han logrado una importante victoria legal en su lucha por el pago íntegro del Bono Proporcional. Los abogados Joaquín y Pamela Silva Grillé, llevaron adelante una sólida defensa del profesorado de establecimientos municipales de esa comuna.

El proceso se inició en el tribunal de primera instancia de San Miguel, lugar en donde la Municipalidad argumentó que el derecho a bonificación proporcional no correspondería a los docentes colegios municipales sino que sólo a los pertenecientes al sector particular subvencionado (refiriéndose a los artículos 63° (inciso primero) y 65°, ambos de la ley 19070, así como el artículo 9° (inciso segundo) de la ley 19933). Dicha argumentación se cayó y en esta instancia los profesores ganaron el proceso.

Antes de que la apelación del municipio de La Pintana se desarrollara en la Corte de Apelaciones, por un carril paralelo, dicha entidad había acudido al Tribunal Constitucional (TC) alegando inconstitucionalidad de las exigencias del profesorado.

El martes recién pasado, los profesores de La Pintana lograron ganar nuevamente en el Tribunal Constitucional en un fallo dividido (4-1), apelando a la inadmisibilidad del recurso presentado por la entidad municipal. Según el abogado Joaquín Silva, “esta victoria se logró en el ámbito formal del proceso, el recurso es inadmisible y eso permite ahorrar cerca de un extenso año de lucha jurídica ante el TC si hubiésemos tenido que defender ‘el fondo’ es decir que nuestros requerimientos eran efectivamente constitucionales”.

Ahora el proceso vuelve a la Corte de Apelaciones y sienta un precedente para diversos litigios que han propiciado municipalidades del país para evitar pagar dicha bonificación.

“Esto es un triunfo pues implica un eslabón más en la cadena de reconocimiento de los derechos de los profesores” finalizó el abogado Silva.

Un triunfo que los profesores de La Pintana aportan a la lucha nacional por el reconocimiento de los derechos laborales de los docentes.